viernes, 18 de noviembre de 2005
Chile: El honor militar
Por nortinorebelde a las 13:00 | C H I L Ex Arnaldo Pérez Guerra
Cinco ex agentes de la DINA fueron condenados por el secuestro del mirista Manuel Cortés Joo. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas dictadas en primera instancia contra la cúpula de la DINA. El ministro en visita, Alejandro Solís, había sentenciado a los ex agentes a penas de presidio que oscilan entre los diez años y cinco años. La sentencia a 10 años y un día afectó a los ex miembros del ejército brigadieres (r) Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, coronel (r) Rolf Wenderoth Pozo, y el agente civil Osvaldo Romo Mena. En tanto, 5 años y un día le correspondió al cabo (r) del ejército Basclay Zapata Reyes. Manuel Cortés, fue arrestado en 1975 por ex agentes de la DINA y visto con vida en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi, en Peñalolén.
Cinco ex agentes de la DINA fueron condenados por el secuestro del mirista Manuel Cortés Joo. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas dictadas en primera instancia contra la cúpula de la DINA. El ministro en visita, Alejandro Solís, había sentenciado a los ex agentes a penas de presidio que oscilan entre los diez años y cinco años. La sentencia a 10 años y un día afectó a los ex miembros del ejército brigadieres (r) Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, coronel (r) Rolf Wenderoth Pozo, y el agente civil Osvaldo Romo Mena. En tanto, 5 años y un día le correspondió al cabo (r) del ejército Basclay Zapata Reyes. Manuel Cortés, fue arrestado en 1975 por ex agentes de la DINA y visto con vida en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi, en Peñalolén. Su nombre fue incluido por los servicios de seguridad de la dictadura en la lista de los 119, acción de encubrimiento de la DINA conocida como Operación Colombo, que intentó encubrir los desaparecimientos y ejecuciones de opositores como una purga entre subversivos en Argentina. Por su parte, el juez Pavez prepara procesamientos por "obstrucción a la justicia" en el caso del asesinato del ex coronel de ejército Gerardo Huber Olivares, ex agente de la DINA, encargado de exportaciones e importaciones del Ejército y tercer jefe de la División Logística. Huber Olivares fue asesinado en el Cajón del Maipo presuntamente por miembros del ejército habrían querido hacer aparecer el crimen como un "suicidio". Los afectados por la resolución del juez son el general (r) Víctor Lizárraga, el brigadier (r) Manuel Provis y el mayor (r) Julio Muñoz. Lizárraga, se desempeñó como ex secretario coordinador de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Provis fue jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). El juez Pavez también decretó arraigos contra el general (r) Carlos Krumm, superior jerárquico de Huber en la Dirección de Logística de Famae, y Elwin Tapia, dueño de la casa desde la que desapareció. La familia de Huber sospecha que Tapia habría colaborado para que se llevara a cabo el secuestro, que culminó con la aparición de su cadáver en el río Maipo.
Huber fue asesinado en febrero de 1992. Había sido citado a declarar por la exportación ilegal de armas a Croacia, realizada por el ejército de Chile en diciembre de 1991. Esta semana, la familia del asesinado diplomático español Carmelo Soria solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Estado chileno, Carmelo Soria, fue secuestrado por agentes de la DINA el 14 de julio de 1976. Su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado en un canal. El proceso fue archivado en 1996 por aplicación de la Ley de Amnistía. La familia recurrió a la CIDH. Finalmente, el organismo internacional recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Chile se comprometió indemnizar a la familia. Carmen Soria, hija del diplomático, señala que el Estado chileno no ha cumplido el acuerdo. Los abogados del Ejecutivo no se presentaron a los alegatos ante la Corte Suprema, oportunidad en la que se ratificó el dictamen de 1996, por lo que no se cumplió la recomendación de velar por la sanción a los responsables del crimen, miembros del ejército. Además, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado rechazó el proyecto que otorga una reparación monetaria a la familia. Venganza de la CNI tras emboscada a Pinochet El ministro Hugo Dolmestch recalificó los procesamientos de 14 ex CNI acusados de los asesinatos de José Carrasco Tapia, Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez y Abraham Muskatblit Eidelstein, perpetrados en venganza por la emboscada al dictador Augusto Pinochet. En el fallo se establece que la madrugada del 9 de septiembre de 1986 se dispuso el acuartelamiento de miembros de la CNI, entre ellos, los integrantes del Cuartel Borgoño comandado por el mayor Corbalán. En una reunión en el cuartel general de la CNI, tras reunirse con miembros de la Junta Militar en La Moneda, el general Humberto Gordon "profundamente alterado por los hechos, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas". Dolmestch procesó a Corbalán como autor de secuestro y homicidio en el caso del periodista Carrasco. Como coautores del secuestro y homicidio de Rivera se encausó a Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. Como coautores de secuestro y homicidio de Vidaurrázaga fueron sometidos a proceso Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas,
Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. Los agentes Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Carlos Fachinetti López fueron encausados como coautores del mismo ilícito en contra de Carrasco Tapia. En calidad de coautores de secuestro y homicidio de Muskatblit fueron procesados Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz. A los siete agentes que estaban procesados desde el año 2000 por esos delitos se sumaron otros siete. Dolmestch sobreseyó a otros tres agentes que estaban procesados desde el año 2000 por la juez Dobra Lusic: Hernán Vásquez, Egon Barra y Luis Sanhueza. General chileno, ex CNI El general Eduardo Aldunate (en la foto), actualmente a cargo de las tropas en Haití, perteneció a la CNI. Según informaciones de prensa, no habría sido parte de la brigada Mulchén de la DINA. Carmen Soria, hija del diplomático español Carmelo Soria asesinado por la DINA, había pedido al juez a cargo del caso que lo interrogara. El periódico El Mostrador señala que el segundo hombre de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza, fue quien lo seleccionó para que fuera miembro de seguridad de la guardia de Pinochet. El Diario Siete agregó que cuando fue asesinado Carmelo Soria, en 1976, Aldunate no integraba la DINA, sino que estaba en la escuela de Montaña del Ejército y que en 1978 fue destinado a la comandancia en jefe del Ejército para esconder sus lazos con la CNI. Cuanto Carmen Soria hizo la denuncia, tanto el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, como el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, desmintieron la información. Según Carmen Soria, el oficial sería al menos "encubridor" del crimen de su padre. "Aldunate Herman trabajó en la CNI, y con quienes trabajó -Patricio Quilot, Vicente Salinas y Pablo Belmar, esas personas si están involucrados directamente con el asesinato de mi padre-, a lo menos Aldunate sería encubridor del asesinato de mi padre", dijo Carmen Soria.
¿La Moneda... de canje?
Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko, ex jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fueron procesados como autores del secuestro del militante del MIR Félix De la Jara Goyeneche, ocurrido en noviembre de 1974. De la Jara fue visto por última vez en la "Venda Sexy", centro de torturas y detención en Santiago. El general (r) Iturriaga Neumann goza de libertad provisional por el asesinato del ex comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats. Manuel Contreras y Miguel Krassnoff se encuentran "cumpliendo condena" por el secuestro de Miguel Sandoval, también militante del MIR desaparecido. Hace algunos días, un grupo de violadores a los derechos humanos presentó una querella contra dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, por "denegación de justicia". La acción judicial apunta a revertir los fallos por "secuestro permanente" aplicados en los últimos años en algunos casos de detenidos desaparecidos. Además, la Corte de Apelaciones de Concepción, procesó a cuatro ex agentes de seguridad por el secuestro calificado de Rudy Cárcamo (en la foto), ex dirigente del MIR e integrante del GAP, detenido en octubre de 1974, y hecho desaparecer. Se trata de los ex miembros de la Armada, capitán de navío (r) José Cáceres González, el capitán de corbeta (r) Hugo González D'Arcageli, el coronel (r) de Carabineros, Conrado Cesnic Guerricabeitia, y el ex detective Osvaldo Harnish Salazar. Rudy Cárcamo fue visto por última vez en la Base Naval de Talcahuano conocida como Ancla Dos. A pesar de estos avances en la justicia el gobierno sigue empeñado en estudiar el otorgamiento de beneficios a los violadores a los derechos humanos, lo que ha sido respaldado por la Iglesia Católica y partidos de oposición, comparándolo con el indulto aprobado para los presos políticos el año pasado. En tanto el Consejo de Defensa del Estado y los jueces de la Corte Suprema respaldan la aplicación de la Ley de Amnistía que
promulgó el propio dictador Augusto Pinochet en 1978.
Cinco ex agentes de la DINA fueron condenados por el secuestro del mirista Manuel Cortés Joo. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas dictadas en primera instancia contra la cúpula de la DINA. El ministro en visita, Alejandro Solís, había sentenciado a los ex agentes a penas de presidio que oscilan entre los diez años y cinco años. La sentencia a 10 años y un día afectó a los ex miembros del ejército brigadieres (r) Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, coronel (r) Rolf Wenderoth Pozo, y el agente civil Osvaldo Romo Mena. En tanto, 5 años y un día le correspondió al cabo (r) del ejército Basclay Zapata Reyes. Manuel Cortés, fue arrestado en 1975 por ex agentes de la DINA y visto con vida en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi, en Peñalolén.
Chile: El honor militar
Cinco ex agentes de la DINA fueron condenados por el secuestro del mirista Manuel Cortés Joo. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas dictadas en primera instancia contra la cúpula de la DINA. El ministro en visita, Alejandro Solís, había sentenciado a los ex agentes a penas de presidio que oscilan entre los diez años y cinco años. La sentencia a 10 años y un día afectó a los ex miembros del ejército brigadieres (r) Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, coronel (r) Rolf Wenderoth Pozo, y el agente civil Osvaldo Romo Mena. En tanto, 5 años y un día le correspondió al cabo (r) del ejército Basclay Zapata Reyes. Manuel Cortés, fue arrestado en 1975 por ex agentes de la DINA y visto con vida en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi, en Peñalolén. Su nombre fue incluido por los servicios de seguridad de la dictadura en la lista de los 119, acción de encubrimiento de la DINA conocida como Operación Colombo, que intentó encubrir los desaparecimientos y ejecuciones de opositores como una purga entre subversivos en Argentina. Por su parte, el juez Pavez prepara procesamientos por "obstrucción a la justicia" en el caso del asesinato del ex coronel de ejército Gerardo Huber Olivares, ex agente de la DINA, encargado de exportaciones e importaciones del Ejército y tercer jefe de la División Logística. Huber Olivares fue asesinado en el Cajón del Maipo presuntamente por miembros del ejército habrían querido hacer aparecer el crimen como un "suicidio". Los afectados por la resolución del juez son el general (r) Víctor Lizárraga, el brigadier (r) Manuel Provis y el mayor (r) Julio Muñoz. Lizárraga, se desempeñó como ex secretario coordinador de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Provis fue jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). El juez Pavez también decretó arraigos contra el general (r) Carlos Krumm, superior jerárquico de Huber en la Dirección de Logística de Famae, y Elwin Tapia, dueño de la casa desde la que desapareció. La familia de Huber sospecha que Tapia habría colaborado para que se llevara a cabo el secuestro, que culminó con la aparición de su cadáver en el río Maipo.
Huber fue asesinado en febrero de 1992. Había sido citado a declarar por la exportación ilegal de armas a Croacia, realizada por el ejército de Chile en diciembre de 1991. Esta semana, la familia del asesinado diplomático español Carmelo Soria solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Estado chileno, Carmelo Soria, fue secuestrado por agentes de la DINA el 14 de julio de 1976. Su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado en un canal. El proceso fue archivado en 1996 por aplicación de la Ley de Amnistía. La familia recurrió a la CIDH. Finalmente, el organismo internacional recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Chile se comprometió indemnizar a la familia. Carmen Soria, hija del diplomático, señala que el Estado chileno no ha cumplido el acuerdo. Los abogados del Ejecutivo no se presentaron a los alegatos ante la Corte Suprema, oportunidad en la que se ratificó el dictamen de 1996, por lo que no se cumplió la recomendación de velar por la sanción a los responsables del crimen, miembros del ejército. Además, la comisión de Relaciones Exteriores del Senado rechazó el proyecto que otorga una reparación monetaria a la familia. Venganza de la CNI tras emboscada a Pinochet El ministro Hugo Dolmestch recalificó los procesamientos de 14 ex CNI acusados de los asesinatos de José Carrasco Tapia, Felipe Rivera Gajardo, Gastón Vidaurrázaga Manríquez y Abraham Muskatblit Eidelstein, perpetrados en venganza por la emboscada al dictador Augusto Pinochet. En el fallo se establece que la madrugada del 9 de septiembre de 1986 se dispuso el acuartelamiento de miembros de la CNI, entre ellos, los integrantes del Cuartel Borgoño comandado por el mayor Corbalán. En una reunión en el cuartel general de la CNI, tras reunirse con miembros de la Junta Militar en La Moneda, el general Humberto Gordon "profundamente alterado por los hechos, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas". Dolmestch procesó a Corbalán como autor de secuestro y homicidio en el caso del periodista Carrasco. Como coautores del secuestro y homicidio de Rivera se encausó a Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. Como coautores de secuestro y homicidio de Vidaurrázaga fueron sometidos a proceso Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas,
Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. Los agentes Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Carlos Fachinetti López fueron encausados como coautores del mismo ilícito en contra de Carrasco Tapia. En calidad de coautores de secuestro y homicidio de Muskatblit fueron procesados Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz. A los siete agentes que estaban procesados desde el año 2000 por esos delitos se sumaron otros siete. Dolmestch sobreseyó a otros tres agentes que estaban procesados desde el año 2000 por la juez Dobra Lusic: Hernán Vásquez, Egon Barra y Luis Sanhueza. General chileno, ex CNI El general Eduardo Aldunate (en la foto), actualmente a cargo de las tropas en Haití, perteneció a la CNI. Según informaciones de prensa, no habría sido parte de la brigada Mulchén de la DINA. Carmen Soria, hija del diplomático español Carmelo Soria asesinado por la DINA, había pedido al juez a cargo del caso que lo interrogara. El periódico El Mostrador señala que el segundo hombre de la DINA, el brigadier Pedro Espinoza, fue quien lo seleccionó para que fuera miembro de seguridad de la guardia de Pinochet. El Diario Siete agregó que cuando fue asesinado Carmelo Soria, en 1976, Aldunate no integraba la DINA, sino que estaba en la escuela de Montaña del Ejército y que en 1978 fue destinado a la comandancia en jefe del Ejército para esconder sus lazos con la CNI. Cuanto Carmen Soria hizo la denuncia, tanto el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, como el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, desmintieron la información. Según Carmen Soria, el oficial sería al menos "encubridor" del crimen de su padre. "Aldunate Herman trabajó en la CNI, y con quienes trabajó -Patricio Quilot, Vicente Salinas y Pablo Belmar, esas personas si están involucrados directamente con el asesinato de mi padre-, a lo menos Aldunate sería encubridor del asesinato de mi padre", dijo Carmen Soria.
¿La Moneda... de canje?
Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko, ex jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fueron procesados como autores del secuestro del militante del MIR Félix De la Jara Goyeneche, ocurrido en noviembre de 1974. De la Jara fue visto por última vez en la "Venda Sexy", centro de torturas y detención en Santiago. El general (r) Iturriaga Neumann goza de libertad provisional por el asesinato del ex comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats. Manuel Contreras y Miguel Krassnoff se encuentran "cumpliendo condena" por el secuestro de Miguel Sandoval, también militante del MIR desaparecido. Hace algunos días, un grupo de violadores a los derechos humanos presentó una querella contra dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, por "denegación de justicia". La acción judicial apunta a revertir los fallos por "secuestro permanente" aplicados en los últimos años en algunos casos de detenidos desaparecidos. Además, la Corte de Apelaciones de Concepción, procesó a cuatro ex agentes de seguridad por el secuestro calificado de Rudy Cárcamo (en la foto), ex dirigente del MIR e integrante del GAP, detenido en octubre de 1974, y hecho desaparecer. Se trata de los ex miembros de la Armada, capitán de navío (r) José Cáceres González, el capitán de corbeta (r) Hugo González D'Arcageli, el coronel (r) de Carabineros, Conrado Cesnic Guerricabeitia, y el ex detective Osvaldo Harnish Salazar. Rudy Cárcamo fue visto por última vez en la Base Naval de Talcahuano conocida como Ancla Dos. A pesar de estos avances en la justicia el gobierno sigue empeñado en estudiar el otorgamiento de beneficios a los violadores a los derechos humanos, lo que ha sido respaldado por la Iglesia Católica y partidos de oposición, comparándolo con el indulto aprobado para los presos políticos el año pasado. En tanto el Consejo de Defensa del Estado y los jueces de la Corte Suprema respaldan la aplicación de la Ley de Amnistía que
promulgó el propio dictador Augusto Pinochet en 1978.
Comentarios
Elige un enemigo grande y esto te obligara a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si el crece, tú te harás pequeño
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