viernes, 15 de julio de 2005
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Por nortinorebelde a las 17:55El torrente insurreccional protagonizado recientemente en Bolivia por amplias capas de la población desfavorecidas en el reparto de la riqueza, vuelve a ser reconducido por la burguesía boliviana e internacional a instancias de las fuerzas reformistas y oportunistas que dirigen el movimiento de masas —verdaderos agentes de la contrarrevolución en ese país— resucitando consignas tales como la “Asamblea constituyente”, que sólo puede servir para formalizar un recambio burgués y la continuidad del mismo sistema explotador, sin superar ninguna de las contradicciones que están en la raíz de los actuales acontecimientos.
Ante semejante consigna, nosotros preguntamos: ¿Qué constituiría la asamblea que se pide? Históricamente, las asambleas constituyentes han sido el resultado político de un proceso económico previo, en el que las distintas burguesías nacionales nacidas entre los intersticios sociales de la edad media tardía, fueron haciendo prevalecer las relaciones de producción capitalistas sobre las preexistentes relaciones de producción feudales, hasta el punto en que su poder económico dominante les impuso la exigencia o necesidad imperiosa, de darle su adecuada forma política de dominación, dando pábulo a los modernos Estados burgueses nacionales, para cuya creación las Asambleas Nacionales Constituyentes fueron su instrumento.
Posteriormente, durante el llamado capitalismo colonial y semicolonial —que se ha extendido entre el siglo XIX y superada la primera mitad del XX— las Asambleas Nacionales Constituyentes pasaron a ser los mismos medios de emancipación política de que, esta vez, se valieron las burguesías de las colonias de ultramar explotadas y oprimidas por sus homónimas de las metrópolis capitalistas ya soberanamente constituidas, que impedían la creación de las condiciones políticas apropiadas, para que la explotación del trabajo ajeno sirviera a los fines de la acumulación del capital no en las metrópolis, sino en el territorio nacional autóctono de las colonias emancipadas, a instancias de la formación de su correspondiente mercado interno capitalista.
En la mayoría de los casos, las Asambleas Nacionales Constituyentes fueron convocadas por la previa formación de un gobierno provisional revolucionario de facto, producto, a su vez, de la lucha política triunfante más o menos cruenta por el nuevo poder burgués soberano o dominante, enfrentado a una nobleza caduca o a unas burguesías coloniales extranjeras.
Una vez cumplido este proceso histórico de las luchas anticoloniales de emancipación política de las distintas burguesías nacionales constituidas como tales en sus correspondientes Estados soberanos, las sucesivas Asambleas Nacionales Constituyentes han sido convocadas por la burguesía, bajo condiciones de crisis políticas de Estado, revolucionarias o no revolucionarias, según los siguientes fines, alternativos y/o conjuntos a los regímenes políticos preexistentes:
1) para proceder a una reestructuración o cambio en las cuotas de poder político entre las distintas fracciones en pugna al interior de la misma clase burguesa dominante nacional.
2) Para integrar consensualmente a las clases subalternas en lucha por reivindicaciones que el Estado, es decir, la burguesía en su conjunto, no puede conceder.
Ésta última es una finalidad instrumental. Según el grado de confrontación que se prevea alcance la dialéctica fundamental entre clases dominantes y clases subalternas, sirve para sublimar las contradicciones alejando momentáneamente el horizonte de su resolución, o bien, en el ínterin, para dividir a los explotados despertando ilusiones en sus sectores más atrasados, con vistas al montaje de una provocación que justifique, a corto o mediano plazo el aplastamiento militar y la derrota estratégica consecuente.
¿Cómo se opera este proceso? Integrando institucionalmente a los representantes políticos de los sectores sociales insubordinados, con o sin Asamblea Constituyente. Esto es lo que ha venido pasando desde la revolución francesa de febrero en 1848. Es lo que acaba de pasar recientemente con ese “globo” remontado en Brasil llamado Lula, que ya se está desinflando sin pena ni gloria. Lo mismo que todavía pasa con el fenómeno llamado Chávez.
¿Qué pasó en Bolivia con ese otro “fenómeno” llamado Carlos Mesa?. Después de la rebelión de otoño de 2003 ―que supuso la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Losada―, obligado por la situación puso encima del tapete dos importantes propuestas:
1. un referéndum en cada región entorno a qué se debería hacer con el gas, y
2. la refundación del Estado articulado en un Estado de las Autonomías.
El referéndum realizado el 18 de julio de 2004, fue calificado por los sindicatos y organizaciones populares como "tramparéndum", por "tramposo" y "engañoso". Pretendió que los bolivianos eligieran entre dos políticas que son igualmente entreguistas y antinacionales, dado que ambas consagran el pleno dominio de las transnacionales sobre los hidrocarburos. Por el contenido y la forma de las cinco preguntas del referéndum, no importaba mucho quien ganaba, el Si o el NO, ya que las petroleras extranjeras seguirían teniendo la "propiedad real" de los hidrocarburos y serían —son— las que más se benefician con su explotación, dejando muy poco o casi nada para el consumo interno del país más pobre de América del Sur.
El referéndum sirvió a la burguesía, para calibrar el grado de determinación política del movimiento, al comprobar que, por amplia mayoría la población votó por la nacionalización de los hidrocarburos. Pero la medida no fue llevada a cabo. En su lugar se optó por iniciar los trámites parlamentarios para aumentar significativamente los impuestos a las multinacionales, pero este trámite fue abortado por los últimos acontecimientos.
En cuanto a la articulación del Estado de las Autonomías, que fue vista como una propuesta subsidiaria a las demandas de la gestión y el cobro de los hidrocarburos por parte de las regiones, tampoco prosperó. Por lo tanto, las dos propuestas finalmente fracasaron, tanto por falta de voluntad política de la burguesía, como por la impaciencia de los explotados y no se llevaron a cabo: el desencanto hacia la clase política y los temores a la partición del país se impusieron.
No es esta la primera vez. También se desilusionaron del gobierno de Sánchez de Losada, al que derrocaron en 2003 para pasar a confiar en el de Carlos Mesa, a quién —desilusionados— también acaban de derrocar y ahora depositan toda su confianza en sus actuales dirigentes reformistas, como décadas pasadas confiaron y se desilusionaron con Siles Suazo y Paz Estensoro. Los obreros y campesinos bolivianos siguen estando hoy, pues, como los obreros franceses después de protagonizar la insurrección de febrero que acabó con la monarquía de Luis Felipe, en que delegaron el poder conquistado desde las barricadas en la flamante “democracia” encarnada en la burguesía moderada. Para no hacer tan larga la reseña histórica desde entonces, digamos que la clases subalternas bolivianas, están ahora mismo respecto de sus líderes políticos y sindicales, como la clase obrera en Chile después del triunfo ilusionante de la opción burguesa de izquierdas con Allende en 1971; Como la clase obrera argentina después del triunfo no menos ilusionante del peronismo en 1973; como los obreros y campesinos nicaragüenses y salvadoreños en la década de los 80, que confiaron en los dirigentes del FSLN y del FMLN.
En cuanto a la ilusión en que todavía vive gran parte de la clase obrera española, también hay que atribuirlo al proceso “constituyente” de 1978, y a la consolidación de la “democracia” después de la farsa de golpe montada el 23F en 1981, tanto como al ingreso del capital financiero español en el club imperialista, que con las migajas de sus superganancias todavía puede ser comprado a bajo precio, aunque a un alto coste para sus familias por las consecuencias de la precariedad laboral y el aumento en los ritmos de trabajo en términos de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo.
¿Es necesario volver a pasar por lo mismo que la historia ha demostrado que sólo sirve —de un modo u otro— para asegurar en el poder al conjunto de la burguesía? Evidentemente, NO, porque en Bolivia, por ejemplo, ya existe una burguesía nacional en el poder que quedó constituida como tal desde el 6 de agosto de 1825, con unas reglas del juego político que han venido permitiendo la “libre” explotación de trabajo ajeno sin restricción alguna. Entonces, ¿para qué dirigentes indígenas como Evo Morales y Felipe Quispe piden la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente? Para “incluir a los excluidos”. Así lo dicen estos dirigentes y así lo repiten y asumen ilusionados los movimientos sociales en Sucre, en Cochabamba y en La Paz. ¿Incluir a los excluidos dónde? En el sistema económico capitalista. Pero como eso, de momento, es imposible, por lo menos que sea en el régimen político “democrático representativo”. Y el caso es que los representantes políticos de los excluidos en Bolivia son precisamente hermanos de leche política de Siles Suazo y Paz Estensoro, de Salvador Allende en Chile, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Guillermo Ungo en El Salvador, de Hugo Chávez en Bolivia o de Ignacio “Lula” Da Silva en Brasil.
¿Porqué, estos dirigentes de las fuerzas reivindicativas espontáneas autoproclamadas progresistas reivindican la consigna de “incluir a los excluidos” en las instituciones políticas del sistema burgués? Porque, en realidad, son ellos los que quieren auparse allí, para compadrear con la burguesía; ésta es su más secreta, inconfesable y sentida aspiración; ¿a cambio de qué? De seguir dando gato por liebre a sus representados. Apropiarse de la aureola de dignidad revolucionaria que en un pasado remoto tuvo esa consigna, para negociar su inclusión burocrática en el sistema político, vendiendo a la burguesía las ilusiones que sean capaces de trasmitir a sus representados desde las instituciones capitalistas de Estado. En cualquier caso, conseguir mejoras parciales, reformas de segundo o tercer orden social que permitan mantener el estado de cosas esencialmente como está, de modo que, a fuerza de privilegios burocráticos y de pisar las mismas alfombras del Congreso y los despachos ministeriales, de empezar siendo representantes de las clases subalternas ante el Estado burgués, acaben transformándose en representantes del Estado burgués ante las clases subalternas.
El caso más vertiginoso en este tipo ya común de metamorfosis política en la historia reciente, se dio en Ecuador con Lucio Gutiérrez. Este ambicioso coronel, que llegó a la presidencia con un discurso radical y el apoyo de las organizaciones indígenas, una vez nombrado dio a su política un giro de 180 grados cambiando de posición en menos de lo que canta un gallo, sometiéndose a las directivas del FMI.
En efecto, La “Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador” (Conaie) y el “Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País”, fueron factores determinantes para que el ex coronel Gutiérrez ganara la presidencia en 2002. Durante los seis primeros meses del gobierno “gutierrista”, representantes de la Conaie ocuparon, entre otros cargos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Bienestar Social así como otras dependencias estatales en el Ministerio de asuntos indios.
Pero la luna de miel con el ex coronel terminó, cuando súbitamente se deshizo de su discurso radical antiglobalizador y antiestadounidense, para plegarse al gobierno de Bush, someterse a los dictados del FMI y aliarse con los ex presidentes Bucaram, y Novoa, decidiendo que las fuentes de su poder fueran el ejército, la embajada de Estados Unidos y la oligarquía de Guayaquil. Por tanto, sus enemigos pasaron a ser los indios. Entonces los choques con algunos ministros de ese movimiento fueron inevitables.
Su mayor éxito consistió en utilizar las diferencias de intereses entre las tres grandes organizaciones indígenas, para enfrentar, dividir y paralizar el movimiento, hasta el punto de que su participación en los acontecimientos de abril de 2005 que le derrocaron, estuvo principalmente protagonizado por la pequeñoburguesía de Quito. Tal ha sido el precio que los indígenas y obreros ecuatorianos han pagado, una vez más, por delegar la dirección de su energía revolucionaria en sus enemigos de clase.
En Bolivia, los obreros e indígenas quieren la nacionalización de los recursos energéticos del país y que las regalías del petróleo reviertan en beneficio de la población más desfavorecida. ¿Es posible semejante propuesta en la actual etapa tardía del capitalismo sin eliminar el carácter de mercancía de los medios de producción de esos hidrocarburos? Pues NO. Lo prueban las tres nacionalizaciones de los productos del subsuelo que durante el siglo pasado se realizaron en Bolivia y siempre con el mismo resultado: la vuelta a manos privadas de su explotación, porque la burguesía, nacional e internacional, no puede dejar que los medios de producción de esos recursos dejen de servir para acumular más capital explotando trabajo ajeno. Más aun en las circunstancias actuales del capitalismo postrero, donde la masa de capital productivo excedente o supernumerario, presiona de tal modo sobre las fuentes de producción de plusvalor nacionalizadas, que la burguesías dependientes autóctonas no pueden resistirse sin que peligre la estabilidad económica y, por tanto, política del sistema en su conjunto.
Entonces, la única garantía de que los beneficios de los recursos naturales del país sirvan para el desarrollo social de los explotados bolivianos, consiste en que la nacionalización del Gas y el petróleo sea administrada por un gobierno de carácter obrero con apoyo campesino. Y esto no se consigue llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué, pues, dar balones de oxígeno a una clase dirigente en aprietos para consolidar su dominio a través de ese tradicional instrumento de poder burgués que son las Asambleas Nacionales constituyentes? ¿Por qué no trabajar entre las masas promoviendo la alternativa orgánica de los soviets, del Poder obrero y campesino?
Precisamente, a petición de un compañero lector habitual de nuestra página, hace alrededor de un año venimos realizando un trabajo de divulgación sobre la historia de las asambleas nacionales constituyentes a través de sus casos más significativos, para demostrar, apelando a la memoria histórica, cómo estas asambleas constituyentes cumplieron su papel constituyendo políticamente a la burguesía en tanto nueva clase dominante frente a las clases precapitalistas decadentes que le precedieron, y en tanto clase burguesa nacional dependiente, políticamente emancipada del capital metropolitano colonial en la periferia capitalista. Nada que ver con lo que objetivamente necesitan hoy en día las clases subalternas llamadas a suceder a esa misma burguesía ya caduca, aunque aún en el poder.
El documento en cuestión, titulado “Breve memoria histórica sobre la consigna de Asamblea nacional constituyente” tiene como proyecto analizar la constitución política y su lucha por el poder de las burguesías francesa, inglesa, norteamericana, española y rusa a modo de ejemplos distintivos, pudiendo añadirse algún singularismo más a medida que se vaya elaborando. El índice, por el momento, es el que sigue:
Pinchar en la siguiente dirección : Breve memoria histórica sobre la consigna de Asamblea Nacional Constituyente
Ante semejante consigna, nosotros preguntamos: ¿Qué constituiría la asamblea que se pide? Históricamente, las asambleas constituyentes han sido el resultado político de un proceso económico previo, en el que las distintas burguesías nacionales nacidas entre los intersticios sociales de la edad media tardía, fueron haciendo prevalecer las relaciones de producción capitalistas sobre las preexistentes relaciones de producción feudales, hasta el punto en que su poder económico dominante les impuso la exigencia o necesidad imperiosa, de darle su adecuada forma política de dominación, dando pábulo a los modernos Estados burgueses nacionales, para cuya creación las Asambleas Nacionales Constituyentes fueron su instrumento.
Posteriormente, durante el llamado capitalismo colonial y semicolonial —que se ha extendido entre el siglo XIX y superada la primera mitad del XX— las Asambleas Nacionales Constituyentes pasaron a ser los mismos medios de emancipación política de que, esta vez, se valieron las burguesías de las colonias de ultramar explotadas y oprimidas por sus homónimas de las metrópolis capitalistas ya soberanamente constituidas, que impedían la creación de las condiciones políticas apropiadas, para que la explotación del trabajo ajeno sirviera a los fines de la acumulación del capital no en las metrópolis, sino en el territorio nacional autóctono de las colonias emancipadas, a instancias de la formación de su correspondiente mercado interno capitalista.
En la mayoría de los casos, las Asambleas Nacionales Constituyentes fueron convocadas por la previa formación de un gobierno provisional revolucionario de facto, producto, a su vez, de la lucha política triunfante más o menos cruenta por el nuevo poder burgués soberano o dominante, enfrentado a una nobleza caduca o a unas burguesías coloniales extranjeras.
Una vez cumplido este proceso histórico de las luchas anticoloniales de emancipación política de las distintas burguesías nacionales constituidas como tales en sus correspondientes Estados soberanos, las sucesivas Asambleas Nacionales Constituyentes han sido convocadas por la burguesía, bajo condiciones de crisis políticas de Estado, revolucionarias o no revolucionarias, según los siguientes fines, alternativos y/o conjuntos a los regímenes políticos preexistentes:
1) para proceder a una reestructuración o cambio en las cuotas de poder político entre las distintas fracciones en pugna al interior de la misma clase burguesa dominante nacional.
2) Para integrar consensualmente a las clases subalternas en lucha por reivindicaciones que el Estado, es decir, la burguesía en su conjunto, no puede conceder.
Ésta última es una finalidad instrumental. Según el grado de confrontación que se prevea alcance la dialéctica fundamental entre clases dominantes y clases subalternas, sirve para sublimar las contradicciones alejando momentáneamente el horizonte de su resolución, o bien, en el ínterin, para dividir a los explotados despertando ilusiones en sus sectores más atrasados, con vistas al montaje de una provocación que justifique, a corto o mediano plazo el aplastamiento militar y la derrota estratégica consecuente.
¿Cómo se opera este proceso? Integrando institucionalmente a los representantes políticos de los sectores sociales insubordinados, con o sin Asamblea Constituyente. Esto es lo que ha venido pasando desde la revolución francesa de febrero en 1848. Es lo que acaba de pasar recientemente con ese “globo” remontado en Brasil llamado Lula, que ya se está desinflando sin pena ni gloria. Lo mismo que todavía pasa con el fenómeno llamado Chávez.
¿Qué pasó en Bolivia con ese otro “fenómeno” llamado Carlos Mesa?. Después de la rebelión de otoño de 2003 ―que supuso la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Losada―, obligado por la situación puso encima del tapete dos importantes propuestas:
1. un referéndum en cada región entorno a qué se debería hacer con el gas, y
2. la refundación del Estado articulado en un Estado de las Autonomías.
El referéndum realizado el 18 de julio de 2004, fue calificado por los sindicatos y organizaciones populares como "tramparéndum", por "tramposo" y "engañoso". Pretendió que los bolivianos eligieran entre dos políticas que son igualmente entreguistas y antinacionales, dado que ambas consagran el pleno dominio de las transnacionales sobre los hidrocarburos. Por el contenido y la forma de las cinco preguntas del referéndum, no importaba mucho quien ganaba, el Si o el NO, ya que las petroleras extranjeras seguirían teniendo la "propiedad real" de los hidrocarburos y serían —son— las que más se benefician con su explotación, dejando muy poco o casi nada para el consumo interno del país más pobre de América del Sur.
El referéndum sirvió a la burguesía, para calibrar el grado de determinación política del movimiento, al comprobar que, por amplia mayoría la población votó por la nacionalización de los hidrocarburos. Pero la medida no fue llevada a cabo. En su lugar se optó por iniciar los trámites parlamentarios para aumentar significativamente los impuestos a las multinacionales, pero este trámite fue abortado por los últimos acontecimientos.
En cuanto a la articulación del Estado de las Autonomías, que fue vista como una propuesta subsidiaria a las demandas de la gestión y el cobro de los hidrocarburos por parte de las regiones, tampoco prosperó. Por lo tanto, las dos propuestas finalmente fracasaron, tanto por falta de voluntad política de la burguesía, como por la impaciencia de los explotados y no se llevaron a cabo: el desencanto hacia la clase política y los temores a la partición del país se impusieron.
No es esta la primera vez. También se desilusionaron del gobierno de Sánchez de Losada, al que derrocaron en 2003 para pasar a confiar en el de Carlos Mesa, a quién —desilusionados— también acaban de derrocar y ahora depositan toda su confianza en sus actuales dirigentes reformistas, como décadas pasadas confiaron y se desilusionaron con Siles Suazo y Paz Estensoro. Los obreros y campesinos bolivianos siguen estando hoy, pues, como los obreros franceses después de protagonizar la insurrección de febrero que acabó con la monarquía de Luis Felipe, en que delegaron el poder conquistado desde las barricadas en la flamante “democracia” encarnada en la burguesía moderada. Para no hacer tan larga la reseña histórica desde entonces, digamos que la clases subalternas bolivianas, están ahora mismo respecto de sus líderes políticos y sindicales, como la clase obrera en Chile después del triunfo ilusionante de la opción burguesa de izquierdas con Allende en 1971; Como la clase obrera argentina después del triunfo no menos ilusionante del peronismo en 1973; como los obreros y campesinos nicaragüenses y salvadoreños en la década de los 80, que confiaron en los dirigentes del FSLN y del FMLN.
En cuanto a la ilusión en que todavía vive gran parte de la clase obrera española, también hay que atribuirlo al proceso “constituyente” de 1978, y a la consolidación de la “democracia” después de la farsa de golpe montada el 23F en 1981, tanto como al ingreso del capital financiero español en el club imperialista, que con las migajas de sus superganancias todavía puede ser comprado a bajo precio, aunque a un alto coste para sus familias por las consecuencias de la precariedad laboral y el aumento en los ritmos de trabajo en términos de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo.
¿Es necesario volver a pasar por lo mismo que la historia ha demostrado que sólo sirve —de un modo u otro— para asegurar en el poder al conjunto de la burguesía? Evidentemente, NO, porque en Bolivia, por ejemplo, ya existe una burguesía nacional en el poder que quedó constituida como tal desde el 6 de agosto de 1825, con unas reglas del juego político que han venido permitiendo la “libre” explotación de trabajo ajeno sin restricción alguna. Entonces, ¿para qué dirigentes indígenas como Evo Morales y Felipe Quispe piden la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente? Para “incluir a los excluidos”. Así lo dicen estos dirigentes y así lo repiten y asumen ilusionados los movimientos sociales en Sucre, en Cochabamba y en La Paz. ¿Incluir a los excluidos dónde? En el sistema económico capitalista. Pero como eso, de momento, es imposible, por lo menos que sea en el régimen político “democrático representativo”. Y el caso es que los representantes políticos de los excluidos en Bolivia son precisamente hermanos de leche política de Siles Suazo y Paz Estensoro, de Salvador Allende en Chile, de Daniel Ortega en Nicaragua, de Guillermo Ungo en El Salvador, de Hugo Chávez en Bolivia o de Ignacio “Lula” Da Silva en Brasil.
¿Porqué, estos dirigentes de las fuerzas reivindicativas espontáneas autoproclamadas progresistas reivindican la consigna de “incluir a los excluidos” en las instituciones políticas del sistema burgués? Porque, en realidad, son ellos los que quieren auparse allí, para compadrear con la burguesía; ésta es su más secreta, inconfesable y sentida aspiración; ¿a cambio de qué? De seguir dando gato por liebre a sus representados. Apropiarse de la aureola de dignidad revolucionaria que en un pasado remoto tuvo esa consigna, para negociar su inclusión burocrática en el sistema político, vendiendo a la burguesía las ilusiones que sean capaces de trasmitir a sus representados desde las instituciones capitalistas de Estado. En cualquier caso, conseguir mejoras parciales, reformas de segundo o tercer orden social que permitan mantener el estado de cosas esencialmente como está, de modo que, a fuerza de privilegios burocráticos y de pisar las mismas alfombras del Congreso y los despachos ministeriales, de empezar siendo representantes de las clases subalternas ante el Estado burgués, acaben transformándose en representantes del Estado burgués ante las clases subalternas.
El caso más vertiginoso en este tipo ya común de metamorfosis política en la historia reciente, se dio en Ecuador con Lucio Gutiérrez. Este ambicioso coronel, que llegó a la presidencia con un discurso radical y el apoyo de las organizaciones indígenas, una vez nombrado dio a su política un giro de 180 grados cambiando de posición en menos de lo que canta un gallo, sometiéndose a las directivas del FMI.
En efecto, La “Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador” (Conaie) y el “Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País”, fueron factores determinantes para que el ex coronel Gutiérrez ganara la presidencia en 2002. Durante los seis primeros meses del gobierno “gutierrista”, representantes de la Conaie ocuparon, entre otros cargos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Bienestar Social así como otras dependencias estatales en el Ministerio de asuntos indios.
Pero la luna de miel con el ex coronel terminó, cuando súbitamente se deshizo de su discurso radical antiglobalizador y antiestadounidense, para plegarse al gobierno de Bush, someterse a los dictados del FMI y aliarse con los ex presidentes Bucaram, y Novoa, decidiendo que las fuentes de su poder fueran el ejército, la embajada de Estados Unidos y la oligarquía de Guayaquil. Por tanto, sus enemigos pasaron a ser los indios. Entonces los choques con algunos ministros de ese movimiento fueron inevitables.
Su mayor éxito consistió en utilizar las diferencias de intereses entre las tres grandes organizaciones indígenas, para enfrentar, dividir y paralizar el movimiento, hasta el punto de que su participación en los acontecimientos de abril de 2005 que le derrocaron, estuvo principalmente protagonizado por la pequeñoburguesía de Quito. Tal ha sido el precio que los indígenas y obreros ecuatorianos han pagado, una vez más, por delegar la dirección de su energía revolucionaria en sus enemigos de clase.
En Bolivia, los obreros e indígenas quieren la nacionalización de los recursos energéticos del país y que las regalías del petróleo reviertan en beneficio de la población más desfavorecida. ¿Es posible semejante propuesta en la actual etapa tardía del capitalismo sin eliminar el carácter de mercancía de los medios de producción de esos hidrocarburos? Pues NO. Lo prueban las tres nacionalizaciones de los productos del subsuelo que durante el siglo pasado se realizaron en Bolivia y siempre con el mismo resultado: la vuelta a manos privadas de su explotación, porque la burguesía, nacional e internacional, no puede dejar que los medios de producción de esos recursos dejen de servir para acumular más capital explotando trabajo ajeno. Más aun en las circunstancias actuales del capitalismo postrero, donde la masa de capital productivo excedente o supernumerario, presiona de tal modo sobre las fuentes de producción de plusvalor nacionalizadas, que la burguesías dependientes autóctonas no pueden resistirse sin que peligre la estabilidad económica y, por tanto, política del sistema en su conjunto.
Entonces, la única garantía de que los beneficios de los recursos naturales del país sirvan para el desarrollo social de los explotados bolivianos, consiste en que la nacionalización del Gas y el petróleo sea administrada por un gobierno de carácter obrero con apoyo campesino. Y esto no se consigue llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué, pues, dar balones de oxígeno a una clase dirigente en aprietos para consolidar su dominio a través de ese tradicional instrumento de poder burgués que son las Asambleas Nacionales constituyentes? ¿Por qué no trabajar entre las masas promoviendo la alternativa orgánica de los soviets, del Poder obrero y campesino?
Precisamente, a petición de un compañero lector habitual de nuestra página, hace alrededor de un año venimos realizando un trabajo de divulgación sobre la historia de las asambleas nacionales constituyentes a través de sus casos más significativos, para demostrar, apelando a la memoria histórica, cómo estas asambleas constituyentes cumplieron su papel constituyendo políticamente a la burguesía en tanto nueva clase dominante frente a las clases precapitalistas decadentes que le precedieron, y en tanto clase burguesa nacional dependiente, políticamente emancipada del capital metropolitano colonial en la periferia capitalista. Nada que ver con lo que objetivamente necesitan hoy en día las clases subalternas llamadas a suceder a esa misma burguesía ya caduca, aunque aún en el poder.
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