BOLETIN NORTINO REBELDE

INTRODUCCIÓN



El presente trabajo pretende hacer un examen preliminar del actual conflicto mapuche, tratando de comprender su génesis, y a la vez analizar las alternativas que hoy por hoy presentan las organizaciones mapuches para su solución.
Estamos conscientes de que una tarea tal no es fácil y que muchos matices no serán siquiera señalados en este breve espacio. El problema que nos incumbe tiene innumerables aspectos -económicos y materiales, sociológicos y culturales, políticos y jurídicos, morales y prácticos, simbólicos y substantivos- que hacen difícil asirlo u observarlo de una manera holística. En consecuencia, en el presente estudio hemos privilegiado los aspectos políticos y su interrelación con, y expresión en, los jurídicos. No obstante, ha sido imposible no hacer mención, aunque sea escueta y marginalmente, a otros factores, principalmente los económicos.
Por otra parte, la problemática de la territorialidad y la autonomía se inserta en una corriente internacional que tiende a cuestionar el modelo político hegemónico de la modernidad: el Estado Nacional. Cuando en el siglo XVIII surge el concepto de nación se pensó que a cada Estado debía corresponder una nación. De esta forma, primó un concepto cívico de la nación, que convertía legalmente en ciudadanos a todos aquellos individuos residentes en un territorio estatal. Sin embargo, tempranamente la realidad étnica y cultural de muchos estados puso en crisis este modelo. En tal sentido, el sociólogo Anthony Smith (1997: 113-129) distingue tres oleadas de nacionalismos étnicos que han cuestionado a los Estados imperiales y a los Estados nacionales cívico-territoriales: (1) el periodo clásico de la autodeterminación étnica en el siglo XIX, caracterizado por el separatismo de las naciones de los viejos imperios; (2) el separatismo étnico de los estados poscoloniales de la primera mitad del siglo XX; y, (3) el separatismo y el autonomismo étnico en las sociedades industriales de la segunda mitad del siglo XX, que ha revitalizado al nacionalismo y su estudio.
Chile no está ajeno a estas problemáticas. Y ello queda reflejado en los trabajos de diversos investigadores. José Aylwin (1995), José Marimán (1997, 1998), José Bengoa (1997), Aldo Vidal (1997), Rolf Foerster (1999) y María Dolores García Padilla (s/f), son algunos de los estudiosos que han incursionado en estas materias. El presente trabajo pretende situarse en esta línea, a la vez que ser un aporte para la comprensión de la cuestión etno-nacional mapuche(2)





LA ÚLTIMA REBELIÓN MAPUCHE


Lumaco y los Camiones de Forestal Arauco (1997)

A fines de 1997, cuando el “conflicto Ralco” entre ENDESA y el Estado, por un lado, y mapuche-pehuenches, ecologistas e indigenistas, por otro, comenzaba a perder resonancia, intempestivamente los medios de comunicación destacaban en sus titulares la quema de tres camiones cargados con madera de la empresa Forestal Arauco en la zona de Lumaco (1 de diciembre de 1997). Las comunidades mapuches de dicha comuna, señalaban su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal alegando sus derechos ancestrales. La Intendencia de la Región de la Araucanía reaccionaba solicitando ante la Corte de Apelaciones de Temuco un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y la constitución en terreno de un Ministro Instructor. (El Mercurio, 3/12/1997). La corte en cuestión acogió inmediatamente el requerimiento presentado por la Intendencia en contra de los autores de los atentados. Al mismo tiempo se insinuaba el inicio de una investigación para confirmar la participación de miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y del Ejército Guerrillero Popular, EGP, en el asalto y quema de los camiones (El Mercurio, 4/12/1997).
Los sectores conservadores no tardaron en mostrar su preocupación. Los empresarios madereros, representados por Juan Eduardo Correa, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de la Madera (CORMA), intranquilos con una situación que atentaba directamente contra sus intereses económicos, denunciaban la existencia de un clima de temor entre los trabajadores y lugareños de la zona (La Tercera 5/12/1997). Por su parte, Renovación Nacional, égida del empresariado chileno, pedía a gritos la aplicación de la Ley Antiterrorista: “Si estos atentados a empresas forestales por parte de grupos mapuches hubiesen ocurrido más cerca de Santiago, serían motivo de un conflicto nacional, con una mayor preocupación de parte de todos”, profería el diputado (RN), Francisco Bayo, para justificar su exagerada petición. (La Tercera 5/12/1997)
Sin duda en Lumaco los ánimos estaban al borde del paroxismo. A las primitivas acciones de los mapuche se sumaba la movilización de elementos policiales: escolta para los camiones madereros (La Tercera, 6/12/1997); operativos en las comunidades mapuches cercanas a Lumaco (La Epoca, 8/12/1997); intensos interrogatorios a los detenidos Juan Carlos Reinao Marilao y Gustavo Martínez Huanquileo (La Epoca, 10/12/1997).
El Gobierno, a través del ministro del interior Carlos Figueroa, aseguraba la infiltración de elementos extremistas entre algunas comunidades mapuches de la comuna de Lumaco (La Tercera, 6/12/1997; La Epoca, 6 /12/1997). Por primera vez se hablaba de infiltrados en el conflicto. No obstante, la posición de los personeros de gobierno no era unitaria: el Intendente de la IX Región negó que integrantes del MIR hubieran infiltrado a los mapuche (El Mercurio, 13/12/1997).
En tanto, los dirigentes mapuche se defendían, denunciando que el proceso de ocupación policial de la comuna y sus comunidades, era la expresión de un “verdadero terrorismo de Estado”, lo que provocaba gran temor y desconfianza en la población. Asimismo, recordaban que la supuesta infiltración subversiva en las comunidades sostenida por el gobierno central y regional era una herencia del “periodo más oscuro del gobierno militar.” (El Diario Austral, 14/12/1997). Por otro lado, el Consejo de Todas las Tierras amenazaba con querellarse contra el Intendente Oscar Eltit. (La Tercera 15/12/1997), mientras que organizaciones mapuches de Temuco y la Región Metropolitana anunciaban marchas en Temuco y Santiago, esta última con el fin de entregar una carta con las demandas de los mapuches al Ministro del Interior Carlos Figueroa. (La Tercera 14/12/1997).
La CONADI, en medio de las presiones mapuche, por un lado, y estatales, por otro, se veía forzada a improvisar una salida al conflicto: un proyecto de dos años destinado a crear y consolidar las áreas de desarrollo para los pueblos indígenas en el país donde se concentre la actividad del Estado en la solución de sus problemas (La Tercera, 22/12/1997).
El año terminaba con nuevas movilizaciones mapuches: 40 familias se tomaban el fundo Lleu Lleu en Cañete, reclamando la propiedad de 78 hectáreas de pino insigne. Sin embargo, las comunidades deponían su actitud en forma pacífica tras la intervención de la CONADI (Tercera, 30/12/1997).





Incubación de un Conflicto Étnico (1998)

El nuevo año se iniciaba con una huelga de hambre indefinida de los 11 comuneros mapuches recluidos en la cárcel de Temuco luego de ser sometidos a proceso por su presunta participación en el atentado a los camiones de la Forestal Arauco. (La Tercera 6/1/1998). Por otra parte empezaban a ocurrir una serie de tomas, las que se extenderían a lo largo del año: mapuches de la comunidad Ruka Ñanko ocupaban el fundo La Posada perteneciente a la Forestal Mininco (La Tercera 9/1/1998); la comunidad Pascual Coña se tomaba el fundo Lleu Lleu perteneciente al empresario Osvaldo Carvajal (La Tercera 11/1/1998); la comunidad Pascual Coña ocupaba por segunda vez el fundo Lleu Lleu, ahora en compañía de otras comunidades de Cañete y Contulmo (La Tercera 22/1/1998); 130 familias mapuches de la comunidad Lonkoyán Grande se instalaban en el fundo el Rincón perteneciente a la Forestal Mininco en las cercanías de Purén. (La Epoca, 18/2/1998); la comunidad José Antillanca se tomaba un fundo perteneciente al agricultor Roberto Spuler en las cercanías de Loncoche (El Mercurio 7/4/1998); mapuches de las comunidades Pilinmapu y Pichiloncoyán, de Traiguén y Lumaco, ocupaban los fundos Santa Rosa de Colpi y Pidenco, de propiedad de las madereras Mininco y Bosques Arauco, respectivamente (El Mercurio 17/4/1998); comunidades de Lautaro ocupaban los fundos Pangueco y El Litre, propiedades de la Forestal Mininco. (La Tercera 22/4/1998); mapuches de la sucesión Fren-Mariqueo impedían el ingreso de guardias al fundo Cuyinco perteneciente a Forestal Bosques Arauco (La Tercera 15/7/1998); 28 mapuches de la comunidad Felipe Nitrihuala de Loncoche: ocupaban terrenos pertenecientes al concejal (RN) Fernando Espejo en Loncoche (La Tercera 14/10/1998). Un común denominador inspiraba todas estas tomas: la devolución de las tierras usurpadas y aquellas sobre las que los mapuches consideraban poseer derechos ancestrales.
Si bien las ocupaciones y tomas de terrenos se realizaron en general de forma pacífica, no estuvieron exentas de violencia por ambas partes: “Violenta pelea entre mapuches y guardias forestales,” titulaba un matutino en relación a los sucesos acaecidos en el fundo Cerro Alto en la comuna de Los Alamos, donde una cuadrilla de mapuches se enfrentara con palos y hachas a miembros de seguridad de la empresa forestal Bosques Arauco (La Tercera 26/5/1998); “Guardia de empresa forestal resultó herido en incidente con mapuches,” mencionaba el mismo periódico más de un mes después, haciendo referencia a un incidente en el que guardias armados intentaron sacar por la fuerza de un aserradero a comuneros mapuches, quienes respondieron a la agresión con palos y herramientas (La Tercera 11/7/1998); “Violencia contra forestales” señalaba uno de los más importantes periódicos del sur del país, aludiendo al ataque a balazos en contra de un helicóptero que combatía un incendio forestal en Lumaco (Diario el Sur 3/11/1998). El clima en la zona de conflicto era cada vez más virulento.
Las tomas y ocupaciones de terrenos no fueron las únicas formas de movilización mapuche durante 1998: dirigentes de la Asociación Comunal Ñancucheo llegaron a la capital para negociar con el gobierno, buscando que este concediera a las comunidades de Lumaco y Arauco la propiedad de más de seis mil 400 hectáreas de terreno, correspondiente a diversos fundos de la región, como Santa Ana, Pidenco y Reñico Grande. (La Epoca 17/3/1998). Las amenazas de protestas no estuvieron ausentes: el Consejo de Todas las Tierras convocaba a una protesta por el desalojo del fundo Pidenco y a preparar un plan de acción, ante “las injusticias de las que han sido víctimas nuestros hermanos” (La Epoca, 22/4/1998). Asimismo, las dirigencias mapuches mostrarían su interés por recurrir ante la ONU y la OEA como una posibilidad de solucionar sus conflictos de tierras (La Tercera 17/6/1998; Diario el Sur 27/10/1998).
El gobierno advertía que haría acatar “Estado de Derecho” (El Mercurio 20/2/1998). Sin embargo, esta estrategia coercitiva no trajo buenos resultados. En consecuencia, como una forma de disminuir la tensión, el ejecutivo, a través de la CONADI, decidió negociar la compra de algunas de las tierras en disputa: el fundo El Rincón, para la comunidad de Loncoyán Grande (La Tercera 27/2/1998); el fundo propiedad de Roberto Spuler para la comunidad José Antillanca de Loncoche, (El Mercurio 8/4/1998). Esta estrategia no sólo buscaba que los mapuches depusieran las tomas en los terrenos que se negociarían, sino también obligar a las otras comunidades movilizadas a deponer las ocupaciones y evitar que las situaciones de presión se difundieran a otras regiones (El Mercurio 9/4/1998). La aparente buena voluntad del gobierno en realidad era una estrategia política para mantener a los díscolos mapuches quietos, mientras se otorgaban soluciones parciales que bien podrían tardar décadas en solucionar el problema global de los mapuches rurales (J. Marimán 1998).
Los empresarios forestales y agrícolas se mostraban descontentos con lo que consideraban una actitud poco enérgica del gobierno, la que, por supuesto, atentaba directamente contra sus intereses. En consecuencia, hacían diferentes amenazas y advertencias al Ejecutivo: ante el anuncio del Ministro del Interior (s) Belisario Velasco de que el gobierno destinaría nuevas hectáreas al pueblo mapuche, Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) declaraba “nos resistiremos” (La Tercera 15/2/1998); la Corporación de la Madera (CORMA) denunciaba la actitud “poco firme” del gobierno para abordar las movilizaciones protagonizadas por comunidades mapuches, en especial por la toma del fundo El Rincón, propiedad de la Forestal Mininco (La Epoca 28/2/1998); armados y movilizados en camionetas, casi un centenar de dueños de fundos y parceleros vigilaban en turnos diurnos y nocturnos sus predios, en tanto que los dueños de los Fundos tomados daban un ultimátum de 48 Horas a los mapuches (El Mercurio 19/4/1998); Fernando Léniz, presidente de CORMA advertía que si el gobierno seguía tolerando “atropellos al Estado de Derecho”, la gente se sentirá incentivada a tomar la ley en sus manos (La Epoca, 22/4/1998); Ricardo Ariztía solicitaba que se aplicara la ley de Seguridad del Estado para poner fin a la ocupación ilegal de fundos por parte de mapuches (El Mercurio 23/4/1998). El gobierno ante una situación en la que los ánimos de todas las partes se encontraban exacerbados se vio obligado a advertir tanto a empresarios como a mapuches que haría cumplir la Ley (El Mercurio 20/4/1998).
El desalojo del fundo Cuyinco por carabineros y, presuntamente, por trabajadores de la Forestal Arauco, marcaba el termino de un año agitado en la IX Región producto de las movilizaciones mapuches y la reacción del gobierno -a través de los tribunales de justicia y de carabineros- y la de los particulares. El año terminaba sin que el gobierno hubiese podido resolver el conflicto que hacía un año habíase iniciado con la quema de los camiones de la Forestal Arauco. Es más, el año siguiente se presentaría extremadamente complicado. El conflicto mapuche se estaba extendiendo y generalizando a ritmo creciente.





El Año de la Rebelión (1999)

En efecto, las informaciones de prensa producidas el presente año corroboran la complejidad a la que ha llegado el conflicto. Su volumen es tan abultado que resulta muy difícil dar cuenta de los sucesos acaecidos en la VIII, IX y X Regiones, así como de las declaraciones de las partes, sin que exista la posibilidad de que algún acontecimiento se escape.
Mil novecientos noventinueve se iniciaba con dos hechos que ya hacían prever que el conflicto, lejos de poder solucionarse, se encontraba en un nudo ciego que ahogaba a todas las partes: por un lado, incendios forestales en Arauco y Biobío, el más extendido en terrenos de Cuyinco, Las Araucanas, Monte Grande, Colico, Palihue y Pilpilco, todos de propiedad de Bosques Arauco. (Diario el Sur 6/1/1999); y por otro, el ataque realizado por un grupo de 70 mapuches a dos camionetas de Forestal Mininco en las cercanías de Traiguén, con un saldo de ocho heridos, uno de carácter grave (Tercera 15/1/1999).
Luego de estos hechos, las movilizaciones mapuches comenzaron a proliferar de una manera inusitada. Las tomas de tierras -difíciles de dimensionar en toda su magnitud, dado que muchas de las informaciones sobre ellas se dieron de manera ambigua- se multiplicaron en la VIII, IX y X Regiones: cerca de un centenar de indígenas, liderados por Víctor Ancalaf, se instalaron en el fundo Santa Ema, propiedad de Forestal Mininco (La Tercera 4/2/1999); unas cien personas, correspondientes a treinta familias mapuches de diversas comunidades aledañas al sector Lautaro-Antiquina, ocuparon un predio, propiedad Forestal Arauco (La Tercera 12/3/1999); mapuches ocuparon el fundo Tranaquepe, propiedad de Ulises Venturelli, en la provincia de Malleco (La Tercera 20/4/1999); un centenar comuneros mapuche-pehuenches de las comunidades Manuel Marillanca y Quintonahuel ocuparon un fundo a cargo de la CONAF en sector de Reigolil, a cuatro kilómetros de Curarrehue (La Tercera 23/4/1999); cuarenta familias de la comunidad Pocura de Panguipulli, ocuparon un sector del Parque Nacional Villarrica (El Mercurio 24/4/1999); 78 familias de la comunidad de Llafenco se instalaron en terrenos de propiedad de la empresa Sociedad Agrícola Forestal Oregón en el sector oriente de Pucón, mientras que la comunidad Guampoe de Curarrehue, hizo lo propio en su comuna (La Tercera 25/4/1999); cien mapuches de las comunidades de Colihuinca Tori y Antonio Paillacón -agrupados por la Coordinadora Arauco Malleco- ocuparon la Hacienda Rucañanco, propiedad de Forestal Mininco, mientras que comuneros de Tranicura ingresaron a un predio de Forestal Volterra, al sur de la comuna de Tirúa, y Miembros de la comunidad José María Calbún se tomaron 90 hectáreas en poder de un particular (Diario el Sur, 27/4/1999, La Tercera 27/4/99); la comunidad Pascual Coña ocupó la hacienda Lleu Lleu, la comunidad Nagche de Pangueco se asentó en el fundo Aguas Buenas de Galvarino, la comunidad de Pichilonkoyán de Lumaco se instaló en el fundo Pidenco de la Forestal Arauco y las comunidades de Pantano y Didaico, ocuparon el fundo Santa Rosa de Colpi (La Tercera 28/4/1999); la comunidad Temu Cuicui (Ercilla) ocupó un predio de propiedad de la Forestal Mininco, la comunidad de Llamuco (Vilcún) se asentó en el lugar que ocupa Carillanca, Estación Experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, las comunidades de Chupilco, Juan Quilaqueo y Juan Raimán (Galvarino), ingresaron a un predio propiedad de Forestal Mininco y a otros dos particulares de propiedad de Héctor Jerez y Francisco Petersen (El Mercurio 29/4/1999); 40 familias pehuenches de la comunidad Antonio Cañio de Trapa Trapa, en el Alto Biobío ocuparon un fundo de propiedad del empresario Humberto Pérez (Diario el Sur 30/4/1999); siete tomas promovidas por el Consejo de Todas Las Tierras y la Coordinadora Mapuche de Arauco y Malleco afectaron a los fundos Estados Unidos, San Alberto, Labranza, Cardán, Campana y Cuyen de Forestal Mininco, y Riñihue de Forestal Bosques Arauco (El Mercurio 4/5/1999); mapuches armados ocuparon el fundo Cuyel Alto (Tirúa) propiedad de Forestal Mininco (El Mercurio 3/6/1999).
Las movilizaciones, al igual que el año anterior, no se han limitado a las tomas de terrenos. Han habido tomas de carreteras, marchas, manifestaciones, huelgas de hambre, talas de bosques y siembras de predios: marcha de un centenar de mapuches por el centro de Cañete en reclamo por la libertad de los Meñaco (La Tercera 27/3/1999); 20 comunidades indígenas provenientes de Temulemu, Didaico, Pantano y Cañete se tomaron la carretera (Diario el Sur,3/4/1999); una docena de mapuches protestó durante la misa de Viernes Santo en la Catedral Metropolitana (La Tercera 3/4/1999); los comuneros detenidos en Lebu, Luis Meñaco Santi y Avelino Meñaco Lincopi, iniciaron una huelga de hambre por lo que consideraban un encarcelamiento es injusto (Diario el Sur, 5/4/1999); grupos de mapuches identificados con la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto iniciaron una huelga de hambre simultánea en Santiago, Concepción y Temuco para demandar la libertad de los Meñaco (La Segunda 5/4/1999); cuatro jóvenes hicieron una manifestación en la Catedral de Concepción (Diario El Sur 6/4/1999); la Coordinadora Mapuche Arauco y Malleco, convocó el 21 de Abril a una marcha en la plaza Egaña de Concepción (La Tercera 20/4/1999); mapuches iniciaron tala de bosques y realizaron siembras agrícolas en cuatro predios tomados en la región del Biobío (El Mercurio, 28/4/1999); una veintena de comuneros mapuches ocuparon, por unos 20 minutos, la Ruta 5 Sur, a 93 kilómetros al norte de Temuco (El Mercurio 22/5/1999); una veintena de mapuches interrumpió el encuentro entre dirigentes de la etnia y el Ministro MIDEPLAN Germán Quintana, insultándolo y arrojándole las colaciones regaladas por el municipio de Capitán Pastene (bebidas, leche, sandwich y frutas), en tanto, en Temuco, Aucán Huilcamán, junto a 20 integrantes del Consejo de Todas las Tierras, se tomó la Secretaría Regional de Planificación en la intendencia, hasta que el ministro Quintana prometió recibirlo (La Tercera 27/5/1999); el Consejo de Todas las Tierras junto a unos 300 indígenas inició desde Temuco una caminata a Santiago (La Tercera 27/5/99).
Una constante que debe ser desataca ha sido la reiteración de acciones violentas, como el ataque a las camionetas de Forestal Mininco. En una breve síntesis podemos constatar las siguientes acciones: enfrentamiento entre carabineros y mapuches de las comunidades de Antonio Ñiripil, Didaico y Pantano en el fundo Santa Rosa de Colpi, con un saldo de 14 carabineros lesionados y 14 detenidos (La Tercera 20/2/de 1999); enfrentamiento en el camino que une Ralco con Ralco Lepoy, entre pehuenches y uniformados que llegaron en buses de la empresa Besalco (Tercera 21/2/1999); ataque a helicóptero en IX Región (Diario el Sur, 22/2/1999); encapuchados, supuestamente mapuches, intentaron quemar un campamento de Forestal Mininco, dejando a un obrero herido de gravedad, luego que carabineros se enfrentara a los “violentistas” al interior del fundo Chorrillos (El Mercurio 1/3/1999); Incidente en predio de la Forestal Mininco dejó 14 heridos y ocho detenidos, entre los se encontraban los dirigentes Galvarino Raimán, Víctor Ancalaf, Gerardo Nahuelpe y la asistente social Carolina Manque. (Diario el Sur, 6/3/1999); ataques simultáneos a la hacienda Lleu Lleu, que resultó incendiada, al campamento de Forestal Mininco en el fundo Chorrillos y al estratégico camino de Mininco en Tranaquepe (La Segunda 26/3/1999); muerte de Rolando Chávez Jorquera tras una “discusión de ebrios” relacionada con el conflicto mapuche (La Tercera 30/3/1999); quema de una retroexcavadora y ataque a campamento Forestal en el fundo Chorrillos (El Mercurio, 11/4/1999); encapuchados atacaron un camión de Mininco en la ruta vecinal C-41 de Traiguén, en el fundo Temulemu (Diario el Sur, 19/4/1999); siete carabineros heridos en presunta emboscada mapuche, la gravedad del hecho radicó en el uso, por primera vez, de armas de fuego desde el inicio de las movilizaciones (El Mercurio 25/5/1999); cuarto atentado incendiario contra la hacienda Lleu-Lleu (Diario el Sur, 27/5/1999); atentado incendiario contra ex Campamento Forestal en el Fundo Pidenco (Diario el Sur, 1/6/1999)
Las percepción del gobierno no ha variado mucho desde el inicio del conflicto hace un año y medio. De esta forma el Ministro Secretario General de la Presidencia John Biehl, ante los sucesos acaecidos en febrero, aseguró que el gobierno aplicaría todo el rigor de la ley a quienes promuevan el uso de la violencia, en la circunstancia que sea (Diario el Sur 23/2/1999). Por su parte el Subsecretario del Interior, Guillermo Pickering primero aseguró que las minorías violentistas tendrían una drástica sanción (Diario el Sur, 23/2/1999), y después amenazó, en más de una ocasión con aplicar la “Ley de Seguridad Interior del Estado” (La Tercera 15/5/1999, Diario el Sur 26/5/1999). Así como la aplicación de todo el rigor de la Ley se volvía a invocar, los chivos expiatorios volvían a ofrendarse: el gobierno decidió expulsar a tres extranjeros, quienes se vieron involucrados en incidentes en Traiguén y Ralco (La Tercera en 23/2/1999). Una vez que ya no había “forasteros instigadores,” el chivo expiatorio de los infiltrados volvió a hacerse presente en el conflicto mapuche (La Tercera 16/3/1999).
Los chivos expiatorios fueron sólo parte de la estrategia construida sobre la marcha por gobierno para desperfilar la real magnitud del conflicto. De esta forma el ministro Quintana hizo un mea culpa respecto a la política indígena seguida por el Ejecutivo en los últimos años y anunció una serie de medidas: constitución de mesas de diálogo, modificación de la CONADI, revisión de la Ley Indígena y destinación de recursos adicionales a la zona (La Tercera 6/3/1999). Con igual fin, y contra la evidencia, el Director de la CONADI Rodrigo González aseveró que “la situación es grave, pero puntual” (La Tercera 7/3/1999). En el mismo sentido Guillermo Pickering afirmó que “No estamos ante una rebelión mapuche” (La Tercera 22/4/1999), mientras que el intendente de la IX Región Martín Zilic denunciaba que “algunos no quieren que mapuches logren acuerdo” (Diario el Sur, 18/3/1999).
Ya que las movilizaciones en vez de disminuir aumentaron y cada vez de un modo más violento, el Ejecutivo para disminuir las asonadas amenazó con no negociar con quienes estuviesen movilizados: el Ministro del Interior Jorge Arrate manifestó que “el gobierno quiere ser claro en señalar que el camino de las tomas no es adecuado para resolver el problema y que el gobierno no aceptará sentirse presionado ni dejarse presionar cuando se efectúan tomas de predios” (Diario el Sur, 29/4/1999). De igual forma Germán Quintana declaró que “no negociaremos si ponen una pistola sobre la mesa” (La Tercera 6/5/1999).
Los empresarios, por su parte, muestran una posición cada vez más dura. En este sentido exigen que el gobierno termine, a través de la fuerza, con un conflicto que les está causando perdidas millonarias: Walter Riesco, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, manifestó que “nadie puede comprender que en hechos de tanta gravedad y con niveles de violencia tan inusitados, finalmente nadie resulte procesado. Esa es una pésima señal, especialmente en momentos en que la ciudadanía exige mano dura en el combate de la acción criminal que nos afecta como país” (La Tercera 2/3/1999).
La política de arrogarse la protección armada de los predios iniciada el año anterior se transformó en una verdadera carrera armamentista, al aparecer en escena el autodenominado “Frente por la Defensa de las Tierras”, lo que, obviamente, ha incrementado el clima de tensión de la zona (La Tercera 15/4/1999).
Sin duda que en la óptica de los mapuche el conflicto es comprendido de una manera distinta a como lo hace el gobierno y los empresarios. Todos los estamentos de dicho pueblo coinciden en que están peleando por lo que les pertenece. No obstante, también es cierto que dentro de sus mismas filas existen percepciones, si bien no contrapuestas, distintas de los motivos y los objetivos de las movilizaciones. Para el comunero el principal problema, y el motivo de la movilización es la escasez de tierra que los tiene sumidos en la más profunda pobreza. Por tanto, el objetivo es conseguir más tierras donde poder sembrar y criar ganado. En la visión de Juan Francisco Lincopi presidente de la comunidad Pascual Coña, su preocupación son los problemas de pobreza que le genera a la comunidad el no contar con sitios adecuados para su subsistencia (Diario el Sur 5/3/1999). Las palabras del lonco de Temulemu Pascual Pichun son elocuentes respecto del sentir de los comuneros quien hace un llamado no a los mapuche, sino a “la gente pobre, porque hoy nosotros no sólo luchamos por los mapuches, sino que estamos luchando en contra de todo tipo de discriminación, y la pobreza y la cesantía producen discriminación.”(El Siglo 9-15/4/1999).
Ahora bien, para los dirigentes de las organizaciones mapuches, si bien la pobreza y la solución de los problemas substantivos del pueblos mapuche son puntos importantes, sus aspiraciones apuntan a objetivos más elevados: “La primera etapa de la lucha es la recuperación de 200 mil hectáreas de tierras usurpadas por las empresas forestales en las provincias de Arauco y Malleco [...] en ese territorio liberado [pretendemos reconstituir] espacios para desarrollar nuestra cultura-cosmovisión, el sentimiento de pertenencia a la tierra y comenzar a reconstruir la Nación Mapuche . [...] Somos los jóvenes los que sufrimos las consecuencias de la falta de tierras. Esta generación tiene que sembrar la semilla de la libertad, para que la disfruten nuestros hijos y nietos. [...] quienes provienen de familias que emigraron hace varias generaciones ya se occidentalizaron pero, aunque se comporten como huincas, tienen un fuerte sentido de pertenencia y recuperación de identidad” sostiene Pedro, un Joven identificado con la Coordinadora Arauko-Malleko, quien prefirió guardar su apellido en el anonimato (La Tercera 4/4/1999, la cursiva es nuestra).
Si duda que las percepciones de los mapuches respecto a los males que los aquejan no están erradas, pues son ellos mismos quienes sufren en carne propia las consecuencias de la escasez de tierras, la pobreza y el sometimiento político. Para comprender mejor esta triste situación que hoy aqueja al pueblo mapuche y que se traduce en el conflicto más serio, además de rimbombante, que ha afectado a dicho pueblo desde el alzamiento general de 1881, debemos repasar la historia.





GÉNESIS DE UN CONFLICTO ÉTNICO

Si tenemos que pensar en la motivación del actual conflicto mapuche, podemos creer, ingenuamente, aunque no sin algo de razón, -tal como lo hacen políticos tanto de derecha como de izquierda, e incluso algunos intelectuales-, que es de naturaleza económica: la extrema pobreza de las comunidades, producto de la escasez de tierras. Sin embargo existen motivos de fondo que deben ser buscados en la historia. Estos son de índole política: la perdida de la autonomía político-territorial del pueblo mapuche. Ahora bien, esto no significa que los factores económicos carezcan de importancia. Ellos, como los factores religiosos o lingüísticos, actúan como catalizadores de los conflictos etno-nacionales(3).
Siguiendo a Pablo Marimán (1996) son dos los momentos que marcan la historia del pueblo mapuche: uno en que la sociedad mapuche se mantiene políticamente independiente, mientras realiza un inusitado proceso de expansión económica y territorial hacia las pampas argentinas; y otro en que el pueblo mapuche se ve dominado política y culturalmente por los “conquistadores” chilenos. Caractericemos, entonces, lo más sucintamente posible, la historia de este pueblo.





Independencia y Autonomía Mapuche


1º El Contacto Hispano-Reche

Cuando Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago el 12 de Febrero de 1541, los grupos indígenas que poblaban el centro-sur del territorio entonces llamado “Nueva Extremadura” (en recuerdo de la Extremadura natal de Valdivia) no eran propiamente mapuche, sino reche -gente pura, indio de Chile (Valdivia 1606)-. Estos grupos reche darán origen, a través de un proceso de etnogénesis que reconfigurará su identidad étnica, a los actuales mapuche a mediados del siglo XVIII (1760 aproximadamente) (Boccara 1999).(4)
Los grupos reche se caracterizaban por la ausencia de una organización política fuerte y centralizada. Como toda sociedad tribal, estos grupos se estructuraban, política, sociológica y culturalmente en torno al parentesco. Su unidad fundamental era el patrilinaje o lov compuesto por la familia extensa de un patriarca, siguiendo la línea masculina (Faron 1956, Silva 1984). A través de él y gracias a un sistema de intercambio generalizado del tipo de alianzas matrilaterales, mantenían unida una sociedad sin cabeza, o más bien con demasiadas cabezas. No obstante, existían en lo político, unidades de integración más elevadas: el lebo o rehue, los ayllarehue y los futamapu o butalmapu. Estas unidades se articulaban para enfrentar algún tipo de contingencia, como la guerra, disolviéndose tan pronto como aquélla acababa. Por tanto, podemos aseverar que entre más amplia fuera la unidad política, menor era su poder de facto, es decir, existía una relación inversamente proporcional en cuanto a poder y amplitud de las unidades socio-políticas (ibídem).
Económicamente estos grupos se encontraban en un estado de desarrollo proto-agrario, vale decir, conocían la reproducción de ciertas especies en pequeña escala, pero no conocían una agricultura propiamente tal. Su economía, en otras palabras, era básicamente hortícola. Además de la horticultura, los antecesores histórico-culturales de los mapuche, practicaban la recolección de frutos silvestres, especialmente el piñón, encontrado en las montañas por sobre los 600 metros de altitud; la ganadería de hueques o chiquillanes (guanacos); la pesca y la recolección de mariscos y algas marinas (cochayuyo y luche); y la caza del huemul, el pangui (puma) y el huachi. Como un pueblo al que la revolución agraria aún no había afectado en su plenitud, los reche no poseían asentamientos sedentarios, por tanto, continuaban poseyendo la libertad propia del cazador recolector (Bengoa 1985: 17-22).
En una primera etapa la relación hispano-Reche se caracterizó por la intensa beligerancia de las partes. En ella observamos como los españoles penetran en los territorios pertenecientes a la identidad territorial picunche, quienes deben buscar refugio en el área denominada por los peninsulares como promaucae. Desde allí los picunche se rearticularon junto con los promaucaes, e intentaron frenar el avance hispano. Para tales efectos emplearon un sistema logístico en el que la guerra de pukaraes tuvo un papel relevante, pues con ellos los naturales pretendían proteger a los habitantes de las tierras bajas y al mismo tiempo impedir que los invasores accedieran a los productos de la tierra. Sin embargo, esta estrategia no tuvo buenos resultados: por un lado, los conquistadores desesperados por el hambre se dedicaron a asaltar los fuertes para capturar el acopio de provisiones indígena; y por otro, la erección y mantención de los fuertes dislocó a la población indígena, ya que ésta no se podía dedicar a las tareas productivas. La guerra en Chile Central se extendió hasta 1557, año en que las huestes promaucae-araucanas dirigidas por Lautaro fueron derrotadas, producto de su propia desarticulación social y económica, en la batalla del fuerte Mataquito, lugar donde el épico toqui encontró la muerte. (León 1991)(5).
La derrota de los indígenas en Chile Central no marcó el término de la guerra entre los grupos reches y los hispanos. Ya en 1550, con la campaña de Pedro de Valdivia para extender su dominio hasta el río Biobio, se había iniciado la así llamada “Guerra de Arauco”. En esta época se fundaron las villas de Concepción, La Imperial, Valdivia, Villarrica y Angol, y los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén, asentamientos a los que se sumaron Osorno y Cañete, durante la Gobernación de García Hurtado de Mendoza, como una necesidad de extender los dominios de la Capitanía General y establecer soberanía en los territorios ultra-Biobio. Durante este periodo las ciudades se mantuvieron permanentemente sitiadas por las huestes indígenas. Esta situación se mantuvo hasta 1598, año en que una gran insurrección causó la muerte del gobernador Martin García Oñez de Loyola, en lo que se conoce como el Desastre de Curalaba, y la destrucción de prácticamente todos los asentamientos al sur del Biobio (Estelle 1974: 102-109, Villalobos 1985: 9-12).





2º La Frontera y la Época de Esplendor de la Sociedad Reche-Mapuche

Con el desastre de Curalaba no sólo se daba término a la conquista española, sino que también se establecía de facto, y de manera inevitable, la frontera en el río Biobio. Durante esta época surge, junto al “Real Situado” y el ejército profesional en Chile, la idea de la “Guerra Defensiva” del padre Luis de Valdivia, concepción coincidente con la estrategia de la frontera ejecutada por el gobernador Alonso de Ribera. Así las cosas, este periodo está marcado en un primer momento por el dominio indígena, para luego disminuir progresivamente la beligerancia hasta finalmente entrar en una etapa de predominio de las relaciones pacíficas y un afianzamiento de las relaciones fronterizas (Villalobos op.cit: 12 y sigs.).
Si la insurrección de 1598 había establecido la frontera de hecho, las “Paces de Quilín” la establecieron de derecho. En efecto, el 6 de enero de 1641 españoles y reche-mapuches se reunieron por primera vez en un parlamento: el “Parlamento de Quilín.” Éste no sólo reconocía la frontera en el Biobio, sino también la independencia del territorio reche-mapuche. Los españoles, además, se comprometían a despoblar Angol, única ciudad que quedaba en pie en dicho territorio, mientras que los indígenas prometían no vulnerar la frontera, dejar a los misioneros predicar en su territorio y devolver a los prisioneros. La “Paz de Quilín”, tuvo gran importancia para los nativos, no sólo por lo pactado, sino también porque todos los parlamentos posteriores se basarían en él. Así, el territorio comprendido entre el Biobio y el Toltén se constituyó en una jurisdicción no perteneciente a la Gobernación de Chile, “relacionado directamente -como nación independiente- con la colonia” (Bengoa 1985: 33).
En esta etapa se producen grandes transformaciones en el seno de la sociedad reche, siendo la más importante el surgimiento de la identidad étnica mapuche como consecuencia de la interacción de los nativos con los peninsulares, en una historia marcada por la sed de conquista y colonización de éstos, y la resistencia incansable de aquéllos. Ahora bien, la etnogénesis mapuche no fue la única transformación sufrida por los antiguos reche centrales. Además se producen importantes transformaciones en los aspectos socio-políticos internos y externos, y en los económicos.
En los aspectos políticos internos, el contacto reche-español tuvo como consecuencia aumentar el grado de solidaridad e integración de los grupos mayores (lebo o rehue, ayllrehue y butalmapu). De esta forma, desde la conformación de la frontera y, sobre todo, en los años del predominio de la paz, se produjo una concentración o centralización del poder, en pocas manos, así como una estratificación social y una sucesión hereditaria del cacicazgo: los líderes ya no eran elegidos de acuerdo a sus habilidades para la guerra, sino por la acumulación de un poder económico, político e informacional que se transmitía de generación en generación. Esto tiende a cristalizarase en la formación de hegemonías sociales, económicas y políticas. Asimismo, las grandes agrupaciones como los ayllarehues y los butalmapus propenden a convertirse en unidades permanentes, aunque los rehues siguen gozando de autonomía política (Bengoa 1985: 59-68, Boccara op.cit.: 18 y sigs.).
En materia de política externa cabe destacar las “Juntas de Indios,” las “Parlas” y los “Parlamentos.” Las “Juntas de Indios” eran reuniones que tenían un carácter eminente local y se efectuaban para resolver problemas de la convivencia cotidiana de la vida fronteriza. Su más peculiar rasgo era que se llevaban a cabo en presencia de algunas autoridades coloniales, fueran administrativas, eclesiásticas o militares. Las “Parlas” eran muy similares a las “Juntas de Indios,” pero se diferenciaban de éstas en que aquéllas no implicaban desplazamiento espacial para los naturales. Los “Parlamentos,” en tanto, eran la forma de relación pacífica de mayor jerarquía que utilizaban las autoridades coloniales, para regular la convivencia y mantener la estabilidad en la región fronteriza, puesto que su principal objetivo era “negociar la paz.” En ellos participaban las más altas autoridades administrativas, militares y eclesiásticas del Reino, y la mayoría de los caciques de cada butalmapu junto con sus respectivos capitanejos y mocetones (Méndez 1982).
Estas instancias, sobre todo los parlamentos -a despecho del carácter festivo que poseían, tan bien destacado por Méndez (op.cit.)- eran una instancia netamente política que legitimaba a los mapuche ante los españoles, y a los españoles ante los mapuche, pues en dichas reuniones se producía de hecho y de derecho “...la negociación de las diferencias, la que se logró por el reconocimiento que la violencia no puede aniquilar al otro...” Esta instancia diplomática se posibilitó porque “...a diferencia de otros grupos étnicos americanos, los mapuche pudieron constituirse como ‘nación étnica,’ capaz de negociar...” En los parlamentos, “...la marcación de la alteridad era lo central.” (Foerster y Vergara 1996: 24-25).
En cuanto a las transformaciones económicas bien sabemos que de una sociedad basada en la horticultura, la caza-recolección de frutos, la pesca-recolección de mariscos y algas y la ganadería de chiquillanes, como lo era la sociedad reche, la sociedad mapuche se constituye en una sociedad eminentemente ganadera y mercantil. Los reche-mapuches rápidamente se apropiaron de los animales traídos por los españoles. Los caballos (kawell o kawellu) se multiplicaron fácilmente en la Araucanía y los nativos aprendieron a reproducirlos y cuidarlos transformándose en buenos jinetes. El ganado bovino y ovino reemplazó casi totalmente al auquénido. Durante el siglo XVII la búsqueda de pastizales y animales para comercializar, llevó a los reche-mapuche allende los Andes donde se mezclaron con los grupos pampinos, produciéndose el fenómeno conocido como la “Araucanización de las Pampas”, hecho que provocó una expansión territorial inusitada entre los grupos aborígenes americanos.” El “malón” o “maloca,” consistente en asaltos sorpresivos de corta duración destinados a capturar principalmente ganado, se transformó en una actividad central para la economía mapuche, tanto por la gran necesidad de animales para redistribución ritual, como para el comercio en las regiones fronterizas. El “conchavo”, intercambio de mercaderías, vestuarios, baratijas, etc. también tiene un lugar predominante, no sólo dentro de la sociedad mapuche, sino en la vida fronteriza en sí. Otro cambio de importancia fue la introducción de la agricultura propiamente tal, específicamente, el cultivo de cereales (Bengoa 1985: 43-58, León 1990).
Como podemos observar la sociedad reche-mapuche después del establecimiento de la frontera, logró consolidarse primero una como una sociedad autónoma, capaz de dirigir su propio destino, tanto en el plano de la política interna como en el de la externa; y, segundo, gracias los beneficios que le aportó la ganadería, la maloca y el conchavo, logró transformarse en una sociedad de abundancia, en la que, si bien existía una estratificación social, el cacique estaba obligado a operar una lógica de redistribución de la riqueza a través de las grandes fiestas o cahuines, que funcionaban como un “ potlach,” esto es, como una prestación total de tipo agonístico(6) (Boccara op.cit.).





3º Los Últimos Años de Autonomía: Los Mapuches y el Estado Chileno

Junto con la independencia de Chile y el advenimiento de la República, las cosas dejaron de ser tan beneficiosas para los mapuche. La nueva nación, configurada por el Estado (Góngora 1986), requería cohesionarse y legitimarse, y para tal debía probarse a sí misma que constituía una entidad distinta a la española. Por tanto, buscó en el mapuche los antecedentes de la chilenidad. El mito de la descendencia de tan preclaros guerreros, llevó a los primeros patriotas a ensalzar la imagen romántica del “buen salvaje.” Asimismo, muchos adalides de la independencia vieron en los mapuche a fervorosos republicanos y a los verdaderos padres de la patria, quienes siempre lucharon contra el poder dominador peninsular. Las imágenes que aluden a “La Araucana” y sus “olímpicos héroes” se tornaron habituales entre los intelectuales patriotas, sin que estos se detuvieran a pensar que cuando el vate renacentista loaba al araucano no hacía otra cosa que destacar el poder español que era capaz de enfrentar a semejantes titanes (Bengoa 1985: 135-141).
El mito del mapuche como padre de la patria y el espíritu liberal de la época requerían que el indígena desapareciese, integrándolo o incorporándolo a la naciente entidad socio-política. Por tal motivo durante la independencia, los mapuche dejan de existir de derecho, pues en lo substancial las leyes indígenas señalan que el natural debe estar en igualdad de condiciones con el chileno. Asimismo, se señala que la política de la corona era discriminatoria en contra los nativos pues les confería una suerte de ciudadanía de segunda clase. En una palabra, el mapuche es transformado en ciudadano de la emergente nación cívica (Bengoa 1990: 12-15). Sin embargo, las bases de la sociedad fronteriza eran tan profundas que lejos de desaparecer con la independencia, resistió sin mayor deterioro. Por tal motivo, los mapuche consiguieron, a través, del parlamento de Tapihue Mariluan, celebrado el 30 de diciembre de 1824, que la frontera se mantuviera en los lindes del río Biobio (Pinto1998)
La imagen positivamente idealizada que los chilenos construyeron del mapuche durante la independencia prontamente se debilitó. Durante la “Guerra a Muerte” (1818-1826) la mayoría de los mapuche formaron filas junto a los españoles. Con ello, desaparecía el primer republicano y patriota, para aparecer el cruel depredador de niños y mujeres rayano en la bestialidad (Bengoa 1985: 142-149).
Hacia 1850 se inicia un proceso en la Araucanía que sería la antesala de lo que ocurriría algunos años más tarde: producto de la necesidad de ocupar tierras agrícolas, particulares chilenos comienzan a “internar” o “infiltrar” la Araucanía a través de la compra de tierras a indígenas. En efecto, la infiltración se trata de internaciones particulares, movidas por el afán de establecerse en forma más o menos permanente en territorio indígena. La infiltración literalmente inundo de chilenos las tierras del otro lado de la frontera, quienes, extraordinariamente, se convirtieron en la población mayoritaria. Este proceso, representó una presión exterior sobre el territorio mapuche, pero, no obstante, no significó ni control del territorio, ni menoscabo de los indígenas, ni derechos adquiridos, pues el “País Araucano” primero debía ser integrado para hacer cumplir las leyes. (Leiva 1984).
La cuestión de la propiedad se volvió cada vez más compleja por la vaguedad de los títulos de dominio y por los conflictos que provocaba. Esto llevó a dictar la Ley del 14 de Marzo de 1853, cuya finalidad era ordenar la compra y venta de tierras indígenas. Ella establecía que toda compra de tierras en territorio indígena debía verificarse con intervención del Intendente de Arauco y del Gobernador de Indígenas del territorio respectivo, con el fin de asegurar que el indígena diera su consentimiento libremente. Sin embargo, la compra de tierras y el engaño a los vendedores nativos continuó con la venia de las autoridades locales (Bengoa 1985: 158-159).
En 1857 la economía mundial entra en un periodo de depresión que afectó profundamente al modelo exportador chileno. Junto a este fenómeno la alicaída economía nacional debió soportar la decadencia de la minería de la plata, la perdida de los mercados californiano y australiano y un año de malas cosechas. Ante este desalentador cuadro la solución que encontraron los economistas de la época fue aumentar la producción para equilibrar la baja de precios. En otras palabras, se trataba de producir más y a más bajo costo para mantener el modelo. La Araucanía ofrecía la mejor alternativa para lograr dicho objetivo producto de la feracidad de sus tierras. Por tanto se hacía perentorio ocuparla (Pinto 1990).
En 1866 se dicta un conjunto de leyes destinadas a ocupar la Araucanía por parte de Estado chileno. Dicho año Cornelio Saavedra, entonces Intendente de Arauco, logró que el gobierno de J. J. Pérez declarara todas las tierras al sur del río Malleco como fiscales. Por otra parte, se establecía que las tierras se dividirían en dos partes, una donde se radicaría a los indígenas y otra que se remataría, con el fin de favorecer la inmigración (Bengoa 1990: 17-19). Sin embargo, aún faltaban dos décadas para que estas leyes se pudieran hacer efectivas, puesto que se estaba legislando sobre un territorio que aún no había sido ocupado y que, de hecho, pertenecía a los mapuche (Bengoa 1985: 161-162).
En 1867 Saavedra decidió cerrar la frontera del Malleco. Arribanos, abajinos y pampas se unieron para enfrentar el avance de la frontera a ambos lado de Los Andes. En 1969 Saavedra dejó a cargo de la “alta frontera” (Malleco) al coronel José Manuel Pinto, quien inició una guerra de exterminio contra los mapuche, la que se detuvo en 1871. Entre dicho año y 1881 la línea del Malleco se consolidó con un sistema de comunicaciones expeditos (ferrocarril, telégrafo), hecho que selló la suerte de los mapuche. Muchas familias indígenas habían sido expulsadas de sus tierras y obligadas a emigrar al sur. Las tierras al norte de la línea del Malleco fueron colonizadas y se ocupó por completo la provincia de Arauco. En 1878 se construyó una línea de fuertes en el río Traiguén, la que se introdujo en el territorio mapuche. En el verano de 1881 ocurrió un alzamiento indígena en Traiguén, precipitando el desenlace final de la resistencia mapuche: el gobierno ante la insurrección, y gracias a los triunfos obtenidos en Chorrillos y Miraflores, decidió terminar con el problema de la Araucanía, adelantando las líneas hasta el río Cautín. Para alcanzar tal objetivo se contaba con 1746 soldados bien equipados y con un apoyo de equipos de sanidad, cosa inédita en el sur. Este ejército, definitivamente, iba a quedarse. En enero de 1881 se funda Temuco, principal emplazamiento de la línea del Cautín, con ello, los mapuche comprendieron que quedaba muy poco por hacer. Es así como se produce el “alzamiento general” de 1881, que se ha grabado en la memoria mapuche como un símbolo de la resistencia de un pueblo que se niega a ser dominado. El 1 de enero de 1883, con la refundación de Villarrica se concluiría la ocupación de la Araucanía. Quizás como una alegoría de integridad y amor propio quede el gesto del cacique Epulef, quien al ser derrotado en Villarrica se negó a firmar la capitulación (ibídem:249-284 y 285-325).





Dependencia y Subordinación

Con la derrota, los mapuche se vieron obligados a transformarse en pequeños agricultores, campesinos minifundistas pobres y marginales, carentes de cualquier tipo de autonomía política, y atomizados espacialmente, situación contrastante con los tiempos pre-reduccionales, cuando el pueblo mapuche era económicamente rico, políticamente libre y territorialmente compacto. Más precisamente, el precio que los mapuche tuvieron que pagar por la derrota militar fue la perdida de su propio destino como pueblo, así como la mayor parte sus tierras y de su ganado, base de la economía pre-reduccional.

Las condiciones materiales de vida del mapuche no han mejorado, comparativamente hablando, desde su “pacificación.” Es más se han visto afectadas, especialmente en relación a la tierra, por una serie de cuerpos legales que se han desenvuelto en el eje semántico de la propiedad comunitaria e inalienable/propiedad individual y enajenable (González 1986). Por tanto, la historia de la dominación y la subordinación mapuche es la historia de las legislaciones que se han concebido en relación a sus tierras y a su integración a la sociedad chilena.
El 20 de enero de 1883 se dictó una nueva Ley, la que modificada la Ley del 4 de Diciembre de 1866. La intensión básica de ésta consistía en radicar a los indígenas en reducciones delimitadas, de modo de poder disponer de la mayor parte del territorio para la colonización (Bengoa 1995: 346). Por otra parte, también incidió el hecho que el ejército chileno tenía plena conciencia de que era necesario desarticular la estructura socio-política mapuche, la que, como ya señalamos, estaba en un creciente proceso de centralización y concentración del poder. Por tal motivo es que en vez de optar por ceder grandes reservaciones de tierra que hicieran posible la reproducción de los cacicazgos centralizados, se optó por la entrega de títulos de merced a las unidades sociales más pequeñas, poniendo en grado de igualdad tanto a los ñidol lonko como a los lonko (Bengoa y Valenzuela 1984: 113).
En 1884 comienza el engorroso, colmado de arbitrariedades y vejatorio proceso de radicación de los indígenas. El Estado otorgó entre 1884 y 1929 -año en que se derogó la ley de radicación- 2918 Títulos de Merced, concedidos a una o más personas en representación de sus grupos familiares, sobre una extensión de unas 500000 hectáreas de un total de unas 10 millones. En este dato se encuentra el origen del minifundio indígena. No obstante, y a despecho de todas sus desventajas, implementó un tipo de propiedad de carácter comunitario e inalienable, hecho que protegía de alguna manera a los mapuches de la perdida total de sus tierras, puesto que no las liberaba al mercado (González op.cit., Bengoa 1990).
Ahora bien, con la radicación el proceso de despojo no terminó. Cuando aquélla aún no concluía, se dicta, el 29 de agosto de 1927, la Ley 4169, con la que se buscaría transformar la propiedad comunitaria en particular y enajenable (González op.cit.: 8). En la concepción de esta ley tuvo una activa participación el diputado mapuche Manuel Manquilef, líder de las Sociedad Caupolicán y militante del partido liberal, quien pensaba que la única forma de convertir al mapuche en un ciudadano con los mismos deberes y derechos de cualquier habitante de la república era disolviendo la comunidad reduccional. (Foerster y Montecino 1988: 73-74).
El proceso de división de las comunidades probablemente se hubiese llevado a cabo de manera acelerada de no ser por la oposición de un nuevo actor: las organizaciones mapuches. Tanto la Sociedad Caupolicán como la Federación Araucana, unidas en el Comité Ejecutivo de la Araucanía, se mostraron reticentes a la Ley 4169 e hicieron todos sus esfuerzos por evitar su aplicación. Las acciones emprendidas por el Comité Ejecutivo, si bien no lograron evitar que se continuara con el proceso, consiguieron, al menos, que la referida Ley incluyera disposiciones sobre la devolución de las tierras usurpadas (ibídem: 75-79). La división de la comunidad y la entrega de títulos individuales, afortunadamente para los mapuche, no fue masiva.
La parcelación, contrariamente a los argumentos de sus defensores no solucionó el grave problema de pobreza que aquejaba a las comunidades: tanto las comunidades divisas como las indivisas eran igual de pobres. De esta forma, los resultados mostraban el verdadero sentido de la división: la mayor cantidad de litigios por usurpación de tierras provienen de las comunidades que se dividieron; en otros términos, la división posibilitó que se produjeran ventas fraudulentas o bajo presión, arriendos transformados en compras y otros ardides (Bengoa 1990: 29).
La Ley de 1927, y su reformulación a través de los decretos del 31 de marzo y del 20 de mayo de 1931, duró menos de 10 años en plena vigencia. En 1938, con la llegada al gobierno Pedro Aguirre Cerda y del Frente Popular, comienza a cambiar el rumbo de las políticas indígenas. La división de las comunidades quedo en manos de la decisión de los propios comuneros. Para tales efectos se requería el consentimiento de la mayoría de los miembros de una comunidad. Prácticamente las divisiones desaparecieron (ibídem: 31). La imposibilidad de parcelar y librar al mercado las tierras mapuche llevó a que durante los años treinta y cuarenta sonase con fuerza la metáfora del “cinturón suicida”, término utilizado habitualmente por la prensa y los personeros regionales para referirse a las reducciones mapuches que rodeaban las ciudades de la Araucanía, impidiendo su progreso. En la visión de Foerster y Montecino (op.cit.: 277-281) dicha metáfora se refiere a la sensación de “autoeliminación” que experimentaban los “blancos” al consentir por “sentimentalismo” que los mapuche permanecieran en sus tierras. En otras palabras, el suicidio del winka era la no realización de su deseo de apropiarse de las feraces tierras indígenas.
En 1961 una serie de cuerpos legales tendientes a eximir de impuestos a las comunidades (1944), limitar la capacidad de los indígenas para vender sus tierras comunales o particulares (1947), y crear la Dirección de Asuntos indígenas (1953), fueron ordenadas y refundidas en la Ley 14511 de 1961, la que regirá durante toda la década del sesenta. Esta Ley mantenía la idea de la división de las comunidades, pero señalaba que la iniciativa para la división residía en al menos un tercio de la comunidad. Por tal motivo, durante el tiempo en que operó se dividieron muy pocas reducciones. Otro elemento a destacar de esta Ley es su Artículo 67, el que reconoce y señala la predominancia del Título de Merced por sobre cualquier otro. Amparados en este cuerpo legal los indígenas intentaron reivindicar las tierras usurpadas (100000 de las 500000 entregadas por las Mercedes de Tierra). No obstante, producto la inoperancia de las leyes en el terreno de la justicia, fue provocándose un creciente clima de tensión. Cansados por la malograda historia de reclamos, presionados por el aumento demográfico y favorecidos por el contexto reformista y por la presencia de “agentes externos” el movimiento indígena sobrepasó el ámbito de la legalidad (Bengoa 1990: 36-42 Foerster y Montecino op.cit. 351-356).
La modificación de la Ley comenzó a ser discutida por las organizaciones indígenas a fines de los años sesenta. El borrador del proyecto se entregó al Presidente Allende en 1970. El congreso discutiría dos años el proyecto, periodo en el que se cambiarían importantes aspectos del original. Así, el 26 de septiembre de 1972 la nueva Ley fue promulgada con el número 17729. No obstante los cambios, al ubicarse en el contexto de la reforma agraria, se buscó la forma de beneficiar a los mapuche con dicho proceso. Otro aspecto importante es que por primera vez se definió al indígena independientemente de sus tierras: la cultura tuvo una gran incidencia en las definición legal del indígena, independientemente del lugar donde éste habitase. Desafortunadamente, esta ley no tuvo más de un año de aplicación, producto del advenimiento de la dictadura militar y la aplicación de la “contra reforma” agraria (Bengoa 1990: 42-45, Berdichewsky 1980: 66-67).
Luego del golpe de estado 1973, el movimiento indígena fue desarticulado, y las organizaciones mapuches que sobrevivieron no representaron peligro alguno para las autoridades. El discurso oficial llamó a los mapuche a buscar soluciones conjuntas sin demagogia, enfatizando el rol que la etnia debía jugar en la “reconstrucción” del país. Las organizaciones, no sólo aceptaron este discurso, sino que lo hicieron parte del propio, destacando la necesidad de integración del mapuche a la sociedad chilena (Gacitúa: 27-29).
En 1978 se dictó el Decreto Ley 2568, que tenía por objetivos, primero, sanear los títulos indígenas, poniendo fin a una situación de irregularidad y ambigüedad de derechos y deslindes; segundo, ayudar con la entrega de títulos individuales al desarrollo económico individual; y, tercero, integrar al mapuche a la sociedad chilena suprimiendo al indígena por decreto(7) (Parmelee s/f, Berdichewsky op.cit.: 69-70, Bengoa 1990: 45-54, González op.cit.10). Frente a esta nueva legislación los dirigentes mapuches manifestaron su oposición, rearticulándose, primero, en la organización Centros Culturales Mapuches, luego en Admapu y, finalmente, en una decena de organizaciones unidas en la Coordinadora Futa Trawun Kiñewan Pu Mapuche. Tanto las directivas de las organizaciones como las bases mapuches se movilizaron, resistiéndose a la división de las comunidades, primero a través de reuniones públicas, luego mediante protestas y en el ocaso de la dictadura por medio de manifestaciones que demostraran la capacidad de convocatoria de las organizaciones (Gacitúa op.cit.:29-38). No obstante estos esfuerzos, y los de la Iglesia Católica y algunas ONG, el proceso de división continuó a un ritmo acelerado. Héctor González (1986: 11) escribía al respecto: “El ritmo impuesto por INDAP en la implementación de la actual Ley ha permitido un cambio ya casi definitivo en el título de propiedad indígena...” Más adelante continuaba: “El número de reservas indivisas a la fecha hace suponer que a mediados o a fines de 1987 sus ocupantes contarán con títulos individuales de dominio...” González prácticamente no se equivocó. La división y la propiedad individual son hechos, pero como bien lo señala Bengoa (1990: 50), sin la importancia que le pretendieron dar sus gestores. Resumiendo las reflexiones de Elizabeth Parmelee (op.cit.) respecto del éxito de los objetivos de la división, podemos señalar que, el saneamiento de los títulos se logró casi por completo: sólo quedó un porcentaje muy pequeño de las reducciones indiviso; no se logró un cambió económico positivo con la división; y no se logró la asimilación del mapuche a la sociedad nacional chilena. Como observamos en dos de sus tres objetivos la disposición fue un fracaso.
Con el plebiscito de 1988 se abrió una luz de esperanza para los mapuche. La Concertación, consciente que debía aunar toda la fuerza posible entre los sectores descontentos para derrotar a la dictadura, acogió las demandas mapuches y las hizo propias; a saber, reconocimiento constitucional y derecho a la autodeterminación, como demandas inéditas, además de las ya tradicionales (principalmente la devolución de las tierras usurpadas). Luego del triunfo de Patricio Aylwin y la Concertación en las elecciones presidenciales de 1989, la división de las tierras reduccionales se detuvo y se creo la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) encargada de proponer un nuevo cuerpo legislativo para la problemática indígena en general y mapuche en particular. No obstante, el proyecto emanado de la CEPI no fue aprobado integralmente por el legislativo, cuya mayoría en el senado era de oposición -25 senadores entre electos y designados contra 22 del bloque de gobierno-. La discusión se centro en la calidad de pueblos de las etnias indígenas: la derecha no estaba dispuesta a reconocer, y no reconoció, que en Chile existía un pueblo distinto al chileno (José Marimán 1994)(8)
Si duda, la Ley 19253, con todos los defectos que pueda tener, es bastante mejor que las anteriores, pero no ha satisfecho ni las demandas substantivas ni las étnico-políticas del pueblo mapuche. En este sentido el problema principal es que en Chile, a diferencia de otros países no hay un reconocimiento de los pueblos indígenas, ni de sus territorios (incluido el acceso a recursos) y menos aún de su autonomía (Aylwin 1995, Vidal 1997).
La indiferencia del Estado y su falta de sensibilidad respecto al tema indígena y las nuevas perspectivas para resolver su problemática contrasta con la voluntad y presteza que han mostrados Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú para ratificar el Convenio 169 de la O.I.T (1989), principal instrumento existente hoy en el derecho internacional, tendiente a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales.(9)
José Marimán (1994) hace algunos años concluía que el ciclo reivindicativo mapuche que comenzó en 1978 con la reacción de las organizaciones mapuche ante el etnocidio jurídico que significó el Decreto Ley 2568 terminó junto con la transición democrática. El movimiento mapuche, carente de iniciativa, demasiado dependiente de los partidos políticos chilenos y envuelto en la disyuntiva de ser leal tanto al gobierno como al pueblo mapuche, perdió relevancia. Efectivamente, desde el advenimiento de la democracia y hasta fines de 1997, las organizaciones mapuche se mostraron confiadas de que la Ley Indígena, aquella que se concibió con su participación, podría resolver al menos los problemas substanciales de su pueblo. Sin embargo, el caso Ralco y los conflictos con las forestales llevaron a que tanto las organizaciones como las bases mapuche percibieran que “la política indígena de la Concertación es una farsa. Y peor aún, han comenzado a entender que esa política sólo busca ofrecer pequeños paliativos para mantener a la población mapuche quieta” (José Marimán 1998). Con propiedad podemos hablar hoy de un nuevo ciclo reivindicativo mapuche. Los Mapuche se cansaron de esperar: quieren soluciones perentorias y definitivas para sus problemas. Y las dirigencias saben que la única solución definitiva pasa por el reconocimiento del pueblo mapuche como una entidad étnico-política, o si se quiere como una etno-nación, esto es como un pueblo política y territorialmente autónomo, aunque no necesariamente independiente del Estado chileno.
Si bien las organizaciones tienen claro su objetivo de autonomía, aún no han sido capaces de proporcionar una propuesta única y viable que haga factible la negoci